Juan Manuel Muñoz, conocido como Mono Muñoz y supuesto enlace del cartel de los Zetas en Europa, ha sido puesto en libertad a cambio de colaborar con la Justicia de Estados Unidos, según medios mexicanos y estadounidenses. El narcotraficante mexicano, extraditado desde España a Texas en marzo de este año, se declaró culpable el pasado 20 de mayo de uno de los cuatro cargos que se le imputaban. El acuerdo para convertir a Muñoz en informante aún es confidencial y las autoridades han evitado dar detalles sobre los nuevos blancos que podrían perseguir en investigaciones posteriores. En la baraja de posibilidades está Humberto Moreira, exgobernador del Estado de Coahuila y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalado anteriormente en Estados Unidos, España y México por presuntos vínculos con los Zetas.
“Hay mucha gente nerviosa en Coahuila, el Mono era un tipo respetado en Saltillo (la capital del Estado) y muchas personas hicieron negocios con él”, apunta Carlos Arredondo, un periodista que ha seguido el caso durante años. La información de Muñoz, propietario de una cadena de gasolineras en el norte de México, puede ser clave para confirmar sospechas y desvelar vínculos entre el narcotráfico y los políticos coahuilenses. El intercambio, de acuerdo con la información que se ha hecho pública, fue que el Mono aceptara el cargo por conspiración para blanquear capitales a cambio de que no se le persiguiera por dos acusaciones relacionadas al narcotráfico —posesión y distribución de cocaína—, así como otro cargo por conspiración para la posesión de armas. La defensa de Muñoz declaró que iba a buscar que su cliente evitara la pena máxima de 20 años de cárcel y saliera libre bajo fianza, lo que sucedió hace unos días según el San Antonio Express News y Milenio.
Muñoz fue detenido en marzo de 2016 en Madrid y permaneció en prisión en España hasta su extradición tres años más tarde. Desde la capital española coordinaba, presuntamente, la entrada de cocaína que los Zetas colocaban en Europa. Investigaciones de EL PAÍS revelaron el trasiego de 2.100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares documentadas en hojas de cálculo de Excel que él mismo elaboraba y que ocultaba en la casa de lujo donde residía con su familia en Madrid.
Moreira fue detenido en España el mismo año acusado de blanqueo de capitales y por su supuesta vinculación con los Zetas, pero fue puesto en libertad meses más tarde después de que jueces españoles no encontraran ninguna prueba que confirmara su pertenencia al grupo criminal. En 2018, la Justicia española reabrió el caso después de que el extesorero de Moreira, Javier Villarreal, testificara en una corte estadounidense que el exgobernador se había apropiado de 130 millones de euros en dinero público.
En febrero de 2019, Estados Unidos estrechó otra vez el cerco sobre el círculo cercano de Moreira después de que fuera detenido con fines de extradición en México Jorge Torres, uno de los colaboradores más cercanos del exgobernador. La defensa de Torres ha conseguido posponer su traslado a Texas y de momento no ha pisado territorio estadounidense. Una de las hipótesis, de acuerdo con periodistas que han seguido el caso, es apuntalar el caso contra Moreira con el testimonio que ya dio Villarreal y los que se puedan obtener de Torres y Muñoz.
La acusación por narcotráfico contra Muñoz se remonta, sin embargo, a 1999 y la información puede poner en la mira a otros políticos antes del Gobierno de Moreira (2005-2011), así como a funcionarios de otras regiones del Estado, así como de fuera de Coahuila. “La gran incógnita es qué quieren los estadounidenses de El Mono“, señala el periodista Javier Garza. Mientras el hermetismo prevalece en las cortes de Estados Unidos y entre los abogados defensores, un añejo escándalo de la política mexicana se perfila a tomar un nuevo impulso al otro lado de la frontera.
EL PAÍS