¿Cómo explicar lo que pasa en Chihuahua?
Es este un tema que parece salido de control. En vida, el ex dirigente del PRI en Coahuila y NL, Horacio Del Bosque Dávila (qepd), explicaba que eran “costumbres históricas” el dar recursos públicos (de Nuevo León) al partido del gobierno, el PRI. Esto ante una denuncia por un depósito detectado.
Sabemos bien que el financiamiento legal solo es para la oposición al gobierno. Las prerrogativas se cuentan minuciosamente a los competidores, a los de casa por el contrario, se les paga la nómina entera (el voto duro del PRI y la doble nómina en Coahuila, por ejemplo). Todos los apoyos para compra de votos salen de las tesorerías federal, estatales y municipales (de SEDESOL y el DIF).
Pero cada vez se complica más, el escrutinio empieza a ser público y los partidos paran las antenas para detectar las transferencias anómalas y el uso del dinero público, ilegalmente por los tricolores.
Los gobernadores.
El asunto del dinero público para pago de campañas se ha desvirtuado totalmente. Los gobernadores andan sueltos, distraen recursos, tienen empresas fantasma, se roban miles de millones. La corrupción es extrema, es descarada y la justicia es muda y sorda. La impunidad es total y el pretexto… “damos dinero para el PRI, pagamos campañas, si nos revisan o auditan, soltamos la sopa”.
La corrupción está solapada por el desvío de dinero a las campañas. Los exgobernadores de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, han dicho que su patente de corso, (su protección judicial), está basada solo en eso, en dar dinero a la campaña de Peña Nieto y en financiar campañas del PRI con dinero de la tesorería.
Quién juzga, si todos están en el ajo. Un gobierno federal que anda de lleno en los negocios y le regalan casas blancas los proveedores ¿con que solvencia moral juzga a los gobernadores, y estos (gobernadores corruptos), que se dejan caer en la rapiña de cuerpo entero, cómo juzgan a sus alcaldes y a sus propios gabinetes?
Ahí no termina el problema, solo inicia. En el gobierno federal, gobernadores y alcaldes, andan enredados con los criminales, dejándolos trabajar libres a cambio de sobornos en suburban retacadas de maletas con dólares, o bolsitas de estraza o portafolios negros, o depositados en cuentas de prestanombres o en paraísos fiscales directamente (¿te acuerdas de eso Rubén Moreira, y tú, Humberto?).
El Conejazo.
¿Por qué La Coneja, por qué Alejandro Gutiérrez es le inculpado único en un tema que involucra a tantos; arriba en la escalera del dinero, y abajo en las oficinas que operan estos fraudes, este peculado, y en particular de los hechos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, que involucran a Beltrones y a Videgaray?
Las razones son varias, a mi entender: El extesorero de César Duarte Jáquez en Chihuahua, a quien ordenaron operar el fraude de los denunciados 250 millones de participaciones federales que “llegaron al PRI nacional”; se apellida Herrera Corral. Y se preguntarán que tienen que ver los apellidos con el peculado, pues mucho. El nuevo gobernador de esa entidad es del PAN y se apellida Corral.
La oposición aprieta y sale el pus. Hay pruebas y caen los culpables.
El extesorero soltó toda la sopa y está protegido. Los señalamientos dan directo a Gutiérrez Gutiérrez, él, fue el enlace, él prestó sus propias empresas (con su respectivo diezmo), él aparece en todas las evidencias. Si no caía Alejandro, las imputaciones darían en blancos mayores.
¿Le avisaron al amigo de Beltrones que venía duro el golpe y aceptó, por lealtad y por lo desaseado del proceso que lo inculpa directamente (por su propia culpa al dejar pintadas sus huellas), ser el chivo expiatorio y librar el escándalo público?
El manejo político.
El PRI ha descubierto (o planeado anticipadamente) que puede sacar provecho del “Coneja-Gate”, para vender justicia y levantar a Meade del tercer sitio. Implica dejar al economista Gutiérrez, encerrado por cuando menos 6 meses, casualmente fecha cercana a las elecciones federales. La pregunta obligada, que viene a la mente:
¿Es por ello que la prisión preventiva en el CERESO de Aquiles Serdán, dada a Alejandro por el Juez chihuahuense, coincide con ese plazo de 6 meses?
El tema es delicado, los señalamientos son de peculado agravado y son castigados de 6 a 12 años de prisión. Los señalamientos del “testigo protegido” (publicados en extracto por la Revista Proceso), hablan de una conversación supuestamente sucedida entre Gutiérrez y el extesorero, donde Herrera Corral le dice a Alejandro que “quieren el dinero de vuelta porque ya hay alguien enterado y es delicado”. El ex secretario general adjunto del CEN del PRI, contestaría: “no es posible la devolución, y pregunta: “apoco sigue vivo el que sabe”. El comensal revira “pasaríamos de un delito de peculado a uno de asesinato”. ¡Ups!
Falta ver sobre quién van los tiros nacionales, si es Beltrones la diana del escándalo o si solo escogieron a Gutiérrez por las evidentes (y convenientes) circunstancias.
¿Hay relación, entre la llegada de Rubén Moreira a la secretaría de acción electoral del CEN del PRI, y el “sacrificio” de Gutiérrez… uno por otro?