Son escasos, muy escasos los medios de comunicación en los que este mes no aparezca alguna nota sobre Coahuila. Y en general, por desgracia no son notas de elogio, salvo que se trate de publicidad oficial, porque en ésas sí, la entidad se encuentra en una situación inmejorable, pero en las otras notas, la mayoría están vinculadas a la trayectoria de ilegalidad del Moreirato.
Los casos investigados en San Antonio, Texas son como derrames de aceite hirviendo sobre la cabeza del insigne profesor Humberto Moreira que ahora siente dañada su “moral” y su “decoro”, como si estos valores hubieran sido un distintivo de su conducta como político.
Los delincuentes juzgados en San Antonio están declarando a detalle sobre sus actividades criminales en esta entidad y como desde hace casi 3 años en sus testimonios vinculan a Humberto y últimamente también al actual mandatario del estado. La Revista Proceso de esta semana, en un artículo titulado: Los Zetas reyes de Coahuila (P.40), relatan detalladamente sus operaciones.
Recientemente el profesor Moreira demandó al doctor Sergio Aguayo Quezada por la módica suma de 10 millones de pesos por opinar, cuando Humberto fue preso en Madrid, que (siendo aún gobernador) su gobierno hedía a corrupción, se le olvida al profesor que la opinión es parte de la vida democrática en los medios de comunicación y que siendo figuras públicas los políticos están sujetos a la crítica y al escrutinio de los ciudadanos.
Ya sabemos que Aguayo no es el único demandado por Humberto Moreira, también lo están Vanguardia y la reportera Roxana Romero, además de Pedro Ferriz de Con, 5 demandados por un solo político no es poco, aunque para un periodista, ser demandado por un funcionario público como el profe Moreira es un honor, no un agravio, no debiera ser una grave amenaza a su carrera, aunque en el caso de Aguayo y Ferriz son muchos millones los que están en juego y con la corrupción del sistema judicial nacional, sí se torna preocupante.
Cuando Humberto fue detenido en la prisión de Soto del Real de Madrid por una semana, los Senadores Luis Fernando Salazar y Silvia Garza mediante un Punto de Acuerdo en la Cámara exhortaron al Ejecutivo Federal a nombrar por parte de la PGR un fiscal especial que llevara a cabo las investigaciones y fincara las responsabilidades correspondientes por los delitos cometidos por el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, acusado allá de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización delictiva.
Los Senadores agregaron también, que autoridades judiciales en Estados Unidos de América han acreditado durante los años 2012 y 2013, una red de corrupción, de aproximadamente 13 personas para lavar unos 3,000 millones de pesos en cuentas y bienes ubicados en dicho país, robados del erario estatal, no obstante, el manto protector de Peña Nieto, olímpicamente ignoró el exhorto y ha encubierto al todopoderoso profesor.
Esta semana, de nuevo el senador Luis Fernando Salazar declaró que, “ las autoridades mexicanas no deben seguir siendo omisas ante los señalamientos de testigos protegidos en Estados Unidos que vinculan a Humberto Moreira con los Zetas de Coahuila”.
Pero nuestras autoridades insisten en su afán de cerrar los ojos ante lo evidente y que sean los poderes del vecino país los que hagan justicia por el lavado de millones de dólares en ese país del que fiscales federales se enfocan en contra del ex presidente del PRI, y ex gobernador Humberto Moreira.
¿Desde aquí, se seguirá protegiendo al demandante?