No vayas detrás de mí, tal vez no sepa liderar.
No vayas delante, tal vez no quiera seguirte.
Ven a mi lado para caminar juntos.
Proverbio Ute.
En todo el mundo la urbanización se incrementa sin pausa, es incontenible y nuestro país no es la excepción, por ello, lo obvio es que la sociedad y los que dicen gobernarla, a los que se les paga para ello, deben estar preparados para enfrentar los retos que la desenfrenada urbanización plantea.
La ciudad es propiedad de los ciudadanos, Henri Lefebvre, sociólogo y filósofo francés fue el primero en denunciar las consecuencias de la veloz urbanización que impulsó el capitalismo y a inicios de este siglo la ONU-Habitat comenzó a recuperar esos estudios y reflexiones para elaborar la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, la que es una forma de situar ese derecho dentro del sistema internacional de derechos humanos y que se define como una prerrogativa universal a la justicia social para conseguir que los habitantes de las urbes vivan en condiciones humanitarias, sobretodo los grupos más vulnerables, a quienes se les deben garantizar la igualdad de oportunidades para conseguir una vida digna, lo cual está muy lejos de ser real en las ciudades de México.
La Carta de la Ciudad decreta que: “Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa. Junto con esto, se debe preservar la memoria y la identidad cultural porque la urbe es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado, puesto que pertenece a todos sus habitantes” (Derecho a la Ciudad).
En el derecho a la vivienda, se establece lograr que ésta tenga condiciones de habitabilidad decorosas; en cuanto al trabajo, que se fijen salarios dignos y alcanzar en la ciudad en la medida de lo posible el pleno empleo, decretando el acceso de las mujeres al mercado laboral y promoviendo condiciones que combatan el trabajo infantil; éstos son los derechos prioritarios de los habitantes de la ciudad, vivir en un espacio que responda a las necesidades humanas, se trata de recuperar la ciudad para todos sus habitantes.
El Derecho a la Ciudad es muy poco conocido y aun menos reivindicado en México, hasta ahora parece que sólo en la ciudad de México existe, pero se la juzga como una forma de retórica que en realidad promueve y privilegia los negocios privados y más bien alienta y profundiza las desigualdades socioespaciales.
En Coahuila el Derecho a la Ciudad se desconoce, la especulación, el lucro con el territorio urbano es la norma y están lejos de ofrecer condiciones equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos.
En esta entidad, las autoridades estatales y municipales presumen de que se ha llegado al 97 por ciento de cobertura en el servicio de electricidad, en educación básica se está también cerca del 100 por ciento, pero si se analiza cuidadosamente, aunque Saltillo esté entre las mejores ciudades para vivir, en realidad hay muchísimos aspectos que la alejan se ser una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable.
Hay mucho que decir en torno al tema, infinidad de datos que nos alejan de la sustentabilidad, la justicia, la inclusión y de vivir en una ciudad sin discriminación, con equidad de género y social, una urbe participativa, con rendición de cuentas y ejercicio pleno de los derechos humanos. Falta mucho, los funcionarios emanados de los partidos políticos tradicionales no saben de eso.