A nadie nos gusta que nos restrinjan o limiten, pues todos queremos ser plenamente libres. En algunos países, incluso, la sobrerregulación asfixia a las empresas y desmotiva la inversión. En México, para iniciar un negocio se requieren permisos y documentos de los tres órdenes de gobierno. El de impacto ambiental, el del uso de suelo y el de protección civil, por mencionar solo algunos.
Es cierto que a mayor regulación, mayor posibilidad de corrupción. Es evidente. Por ello los gobiernos realizan importantes esfuerzos por adelgazar la carga regulatoria. En México hasta contamos con un órgano nacional para impulsarlos: la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
La pregunta es, ¿hasta dónde desrregular? Claro, los radicales se inclinan por una abolición total de la tramitología. ¿Se imaginan no tener que desembolsar ni hacer largas filas para pagar los derechos de control vehicular o tramitar una licencia de funcionamiento? Sí, sería muy cómodo y añadiría recursos a nuestros bolsillos, pero también abriría la puerta a eventualidades como que nos choque y huya un vehículo sin placas o se instale una discoteca al lado de nuestra casa.
El asunto no queda ahí. La ola desrregulatoria inició internacionalmente con los gobiernos de Reagan y Thatcher, y en México, con los de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Esa política liberó a muchos de los mercados, sobre todo a los financieros, de las ataduras regulatorias, esperanzados en que “la mano invisible” hiciera su función y generara mejores condiciones para todos.
Esa falta de regulación llevó al traste a los mercados financieros cuando se reventaron las “burbujas” en 2009. La distribución del ingreso no es mejor, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y la acumulación de la riqueza en pocas manos se acentúa.
El Nobel Joseph Stiglitz propone un “capitalismo progresivo”, basado en un regreso a la regulación. “Debe hacerlo distinguiendo con claridad entre la creación de riqueza y la extracción de riqueza”, como lo mencionó Héctor Aguilar Camín en una colaboración reciente.
Los gobiernos deben fortalecer sus instituciones que brindan productos y servicios al público y cumplir con su función reguladora de precios. Quizá haya bancos que financien el campo, pero sin la presencia de Financiera Rural las tasas de interés serían menos competitivas; o quizá también haya misceláneas en todas las comunidades apartadas del país, pero sin la presencia de Segalmex (antes Diconsa) los precios serían monopólicos.
Las regulaciones cumplen con una función en la sociedad y deben establecerse en un punto medio: que no sean un obstáculo para el crecimiento, pero, a la vez, abonen a una sociedad más justa y equitativa.