El exgobernador Mario Marín ha salido este miércoles de la cárcel del Altiplano. En un operativo de madrugada, la Guardia Nacional ha llevado al mandatario a su casa de Puebla, desde donde seguirá el proceso judicial de tortura a la periodista Lydia Cacho. Tras tres años y medio en la prisión de alta seguridad, una jueza de Quintana Roo le concedió a Marín un amparo para cambiar su medida cautelar por prisión domiciliaria. Tanto Cacho como organizaciones como Artículo 19 han alertado del posible riesgo de fuga del exgobernador.
Marín ha llegado a su vivienda en la colonia Xilotzingo, de la ciudad de Puebla, dentro de una ambulancia de la Guardia Nacional, que ha hecho el trayecto escoltada por otros tres vehículos militares. El exgobernador priista llevará las 24 horas un brazalete electrónico, no puede salir del Estado de Puebla, ni del país, se le ha retirado el pasaporte y va a tener que firmar periódicamente en el juzgado. Tampoco puede acercarse a Lydia Cacho y ha pagado una fianza de 100.000 pesos.
La abogada de la periodista, Eva Lozada Carmona, ha explicado que este cambio de medida cautelar “no es una exoneración total” sino que “se está aplicando en su beneficio el criterio de la Corte Interamericana de que una persona no puede estar en prisión preventiva por más de dos años”. Sin embargo, Lydia Cacho ha hecho responsable a la jueza Angélica Ortuño Suárez “de cualquier cosa que pueda sucederle” a su equipo legal o a ella misma: “Es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia”.
La decisión judicial de sacar a Marín de la cárcel también ha sido muy criticada por Andrés Manuel López Obrador. El presidente ha mostrado una imagen del exgobernador en la ambulancia dejando al prisión este miércoles, en su conferencia matutina: “Así es la ley, ni modo tenemos que cumplirla. Pero tienen que haber dos o tres patrullas de la Guardia Nacional en custodia, tanta necesidad de la Guardia Nacional de estar cuidando la seguridad de la gente, y él va a estar en su casa”. “Esto es por lo que queremos reformar el poder judicial”, ha aprovechado a decir el mandatario.
El político está acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005, cuando gobernaba en Puebla (2005-2011). Cacho había denunciado en su libro Los demonios del edén una red de explotación sexual infantil en la que mencionaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables. La filtración de una conversación entre Nacif y Marín reveló que el gobernador se comprometía a darle un escarmiento a la periodista por haberlos revelado y, al mismo tiempo, le prometía impunidad.
La periodista fue arrestada por la Fiscalía de Puebla acusada de difamación, en una acción ordenada por Marín. Fue trasladada desde Quintana Roo hasta Puebla en un trayecto por carretera de 20 horas, en el que fue torturada y amenazada de muerte por los agentes judiciales. La justicia también emprendió la búsqueda de quienes participaron en la detención de Cacho, incluido el exjefe de Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam.
Tras conocerse el caso Lydia Cacho, el exgobernador permaneció impune por más de una década y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó comenzar un juicio en su contra mientras seguía al frente del Gobierno de Puebla. En 2019, Naciones Unidas exigió al Gobierno mexicano comenzar los proceso judiciales contra los responsables de las torturas hacia Cacho. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco (Guerrero) por la Fiscalía General de la República.