El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, fue acusado de manera formal por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la muerte de 40 migrantes en una estación provisional en esta ciudad fronteriza.
La imputación dentro de la causa penal 237/23 se realizó este martes en una sala del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la Avenida Tecnológico.
Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado datos de prueba contra el funcionario federal ante el Juez Víctor Hernández Calderón.
La audiencia fue programada a las 9:15 horas, y Garduño ingresó por la puerta principal del edificio de los juzgados federales.
El viernes pasado, un juez federal difirió para este martes la audiencia debido a que la defensa del funcionario federal alegó que recién había recibido la carpeta de investigación.
La noche del 27 de marzo pasado, un incendio registrado en la estación provisional Juárez del INM, ubicada junto al Puente Internacional Reforma, conocido también como Lerdo-Stanton, provocó la muerte de 40 migrantes y lesiones en 27 más.
Comparece también otro mando de INM
El director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio Molina Díaz, compareció este martes ante el Poder Judicial de la Federación por el caso de la muerte de 40 migrantes.
El mando del INM arribó a la sede judicial ubicada en la Avenida Tecnológico a las 13:00 horas, 60 minutos antes de la cita para continuar con la audiencia inicial que comenzó el viernes pasado y por la que solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas para finalizarla. Este día se resolverá su situación jurídica.
Molina Díaz es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El jueves pasado, en la primera comparecencia de Molina Díaz, el juez le impuso como medida cautelar la presentación periódica mensual y la prohibición de salir del País.
Debido a que la defensa argumentó no tener todos los registros de la carpeta de investigación, el juez acordó continuar la audiencia el viernes pasado, y concluirla este martes. El delito no contempla la prisión preventiva de oficio.