En estos días se han publicado declaraciones atribuidas al Auditor del Estado, Armando Plata, en las que refiere el “riesgo de quiebra” de los fondos pensionarios de Coahuila, entre ellos el de los trabajadores de la educación pública adscritos a la DIPETRE.
Delicada situación, sin duda, pero por otro lado es más grave aún la deliberada estrategia que desde hace tiempo ha seguido el Gobierno del Estado al dar un sesgado énfasis mediático hacia lo “insostenible” de los actuales esquemas pensionarios, lo “gravoso” que resulta para el erario el pago de los pensionados y jubilados y la insistencia en el riesgo de quiebra, un concepto inaplicable tratándose de una entidad pública obligada por ley a respetar y proteger un derecho social.
En realidad quieren asustar con el petate del muerto y eludir su responsabilidad. Los sistemas de seguridad social no pueden quebrar, no son una empresa privada, el Gobierno es el garante obligado para proteger a todos sus trabajadores en ese rubro.
Es cierto que hay una crisis mundial de tales sistemas y que los estudios actuariales deben tomarse en cuenta en los ajustes que se hagan a los esquemas de pensiones y jubilaciones. De hecho, en Coahuila ya se han realizado varias modificaciones legales, en mayor medida con cargo al trabajador, y cada una ha prometido resolver el problema de fondo. Lo que por intereses políticos no se ha modificado es el esquema administrativo y el órgano de gobierno de la DIPETRE, cambios que también ha sugerido la ASEC, por lo que se mantiene el control de los dirigentes de la Sección 38 del SNTE, con todas las consecuencias que ello implica…
Entre las últimas reformas a la Ley de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, está la impuesta por Rubén Moreira, que entró en vigor en enero del 2016, la cual se ofertó como la solución de fondo, basada -se dijo- en estudios actuariales. Las disposiciones ahí contenidas, que continúan vigentes, incluyen:
– Incremento progresivo de las aportaciones del trabajador hasta llegar al DOBLE de lo cotizado en 2015, esto es: a partir del 2016 y hasta el 2023 las cuotas que los agremiados a la Secc. 38 del SNTE hacen al fondo de pensiones aumentarán del 6.5 al 13% de su sueldo, un porcentaje mayor al que aportan los afiliados al IMSS o al ISSSTE para cubrir dos aspectos de su seguridad social: atención médica y pensiones.
-Incremento de casi 7 años de servicio para poder jubilarse: los hombres trabajarán 36 años 9 meses y las mujeres 34 años y 9 meses.
-La edad mínima para obtener una pensión será de 60 años, con 15 años obligados de servicio.
El trabajador siempre ha cumplido y también ha pagado siempre los platos rotos, pero lo que sigue soslayando la autoridad son las dos causas fundamentales de la crisis:
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CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.
En la Fiscalía General de Coahuila y en la Fiscalía Anticorrupción duermen el sueño de los justos las DENUNCIAS PENALES presentadas por la misma Auditoría Superior del Estado (ASEC), debido a la gran cantidad de (concedamos el término) presuntos hechos delictivos cometidos por dirigentes sindicales y administradores actuales y anteriores, que causaron un daño al patrimonio de las Instituciones de Seguridad Social del magisterio, DIPETRE entre ellas, por más de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (solo lo detectado entre 2012 y 2016. Falta indagar a fondo en las cuentas de 2011 y anteriores, además de lo que resulte del 2017 al 2021).
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OMISIÓN DE LAS APORTACIONES PATRONALES.
Al cierre del tercer trimestre de 2021 la deuda de los patrones a la DIPETRE anda ya cerca de los cuatro mil millones de pesos, cifra similar a la que se paga anualmente por la deuda pública (el mayor deudor es el Gobierno del Estado, con más de 3 mil cien millones, seguido de la UA de C con poco más de 441 millones y la UAAAN con casi 262 millones. Las mismas instituciones de seguridad social del magisterio – Seguro del Maestro, FOVI y Servicio Médico- deben juntas a DIPETRE más de 63 millones).
Así las cosas, ante esta problemática, el Gobierno de Miguel Riquelme puede optar por pagar la deuda que tiene con el fondo de pensiones, presionar a la UA de C, la UAAAN y otros deudores para hacer lo propio, hacer las debidas investigaciones y diligencias derivadas de las denuncias presentadas, fincar responsabilidades resarcitorias y sanciones penales, o de plano seguir siendo omiso (por decir lo menos) en ambas situaciones y ante las protestas y exigencias del magisterio dar una respuesta represiva, como lo hizo con el desalojo violento de manifestantes en septiembre del 2018 y recientemente en septiembre de 2021.