Centrado en el tope máximo salarial, el desencuentro entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, marca las dos primeras semanas de la administración lopezobradorista, colocando al Legislativo en arena de definiciones dado que en este se ubica la defensa de reformas en materia administrativa de los afines al régimen y la litigiosidad de su oposición, así como los diques que al respecto se anticipan en el Presupuesto 2019.
El asunto, que ni de lejos es el más relevante para el país –ahí está la operación de Fuerzas Armadas en atención a delitos del fuero común, la opacidad respecto al futuro de los bonos relacionados con el Aeropuerto cancelado, o las dudas sobre el pacto federal, con la figura de los superdelegados, por ejemplo–, es una maraña de argumentos políticos y aspectos de legalidad que obligan a coincidir con el presidente López Obrador, al menos en la afirmación de que estamos en “el terreno de lo inédito”.
Nadie podría oponerse –y tal parece que, pese a su ruda argumentación discursiva tampoco se opone el titular del Ejecutivo—a que aquello que tiene que ver con el tope máximo salarial, se resuelva de conformidad con el marco constitucional. Y, sin embargo, la polémica ha motivado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial todo, sean enjuiciados en la discusión pública.
En esto último hay razones profundas. El sistema judicial es, sin lugar a dudas, uno de los espacios más sucios para el ciudadano común. Quien se ha visto forzado a un proceso judicial, en cualquier materia pero descarnadamente en la penal, sabe de los múltiples obstáculos que debe sortear, los sobornos que le permiten salir bien librado o derrotado si no estuvo en capacidad de cubrirlos; los atropellos bajo consigna cuando el litigo implica a un poderoso… Quien lo duda es porque no conoce las poblaciones penitenciarias, suma de injusticias, hacinamiento de pobres.
No se trata sólo de la cotidianidad. El Poder Judicial, es el único que ha escapado al desagravio histórico de la complicidad con el poderoso en turno, impune brazo ejecutor del presidencialismo hegemónico y del de la llamada alternancia. Gente de toga para la inspiración de autoridad, al servicio del autoritarismo, han habitado los maderosos recintos de la injusticia mexicana.
Breve repaso: fueron quienes enjuiciaron a los estudiantes de 1968; admitieron la consigna para mantener presos políticos durante la llamada “guerra sucia” o se prestaron a las “purgas” políticas de cada sexenio; sirvieron a la fabricación de “chivos expiatorios”, en los casos más hirientes como el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Aceptaron la consigna, confesa por Vicente Fox, en el proceso de desafuero para descarrilar al aspirante presidencial López Obrador en 2005 y, cuando no lo lograron, sirvieron para tapar las evidencias de 2006 al impedir la transparencia de las boletas electorales.
Fueron incapaces de frenar la inconstitucionalidad del uso policiaco de las Fuerzas Armadas en los últimos 12 años y negaron la posibilidad de una consulta ciudadana sobre la Reforma Energética, garantistas de los intereses privados y, naturalmente, de la banca.
Sabemos hoy que corrupción e impunidad son el binomio de la indignación ciudadana, un consenso en el que hay que tener claro que la impunidad pasa necesariamente por el Poder Judicial.
El debate salarial, ciertamente, debe decidirse en el ámbito del marco constitucional. Pero ya que está en el banquillo del juicio popular, es tiempo de abordar, por una parte, aquello que tiene que ver con la disfuncionalidad del sistema, sus vicios, corrupción e ineficacia; por otra, el desagravio, un acto de contrición ante su papel penoso en la historia política del país.
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