Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 184 defensores de derechos humanos fueron asesinados, la mayoría en el contexto de su oposición a megaproyectos de infraestructura o políticas públicas en las que un factor más o menos frecuente fue la atribución de los crímenes a la expresión genérica “delincuencia organizada”.
Esos casos terminaron beneficiando a grandes empresas, o bien, a los intereses detrás de las decisiones gubernamentales, por lo que en su comisión existe una responsabilidad del Estado por acción, omisión o aquiescencia, como ha señalado persistentemente el Comité Cerezo México, que llevó el registro de los mencionados 184 casos que, considera, deben tratarse como ejecuciones extrajudiciales, con propósitos represivos.
Ese registro es un parámetro alarmante pues en 2013, durante el primer año de gobierno peñanietista, se contabilizaron 18 ejecuciones extrajudiciales en contra de quienes defendían o ejercían derechos fundamentales, y que hoy, al concluir el primer trimestre de 2019, primer año del gobierno lopezobradorista, se contabilizan ya al menos 13 asesinatos con características similares.
Un factor agravante es el discurso presidencial que lo mismo acusó a las organizaciones de la sociedad civil de ser próximas a “los intereses creados”, una referencia que aludía al patrocinio empresarial o, aun peor, al calificarlas de radicales y conservadoras, como hizo en Cuautla ante la oposición al Proyecto Integral Morelos, por lo que las organizaciones sociales lo acusarían de poner las condiciones para el asesinato de Samir Flores, ocurrido el pasado 20 de febrero en Amilcingo, Morelos.
El pasado lunes, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, admitió en entrevista: “hay una escalada de violencia contra defensores de derechos humanos”. También aceptó que esos casos se relacionan con megaproyectos y que estos pueden tener por origen la actuación de agentes del Estado o simpatizantes con aquello a lo que se oponían las víctimas.
Si bien es cierto que la admisión es un cambio significativo en el discurso oficial, también está el hecho de que ningún caso ocurrido en esta administración (ni heredado de la pasada) ha sido resuelto, y que no hay atención a las alertas existentes contra integrantes de organizaciones en situaciones de conflicto.
Uno de los casos más extremos es el del Frente Nacional de Lucha contra el Socialismo (FNLS) que en estos años se ha convertido en una de las organizaciones más agredidas, lo mismo en Chiapas que en Hidalgo o Veracruz.
Sólo en lo que va de la actual administración registra el asesinato de Manuel Martínez Bautista, en Yahualica, Hidalgo, perpetrado el 24 de diciembre, así como el tiroteo al domicilio de otro de sus integrantes, Alberto Tenango Tolentino, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el pasado 4 de marzo.
Esto último ocurrió en el contexto de una jornada de denuncia que llevó a los dirigentes del FNLS a la Ciudad de México para buscar diálogo con autoridades y que, lo mismo en Palacio Nacional que en la secretaría de Gobernación, se quedaron sin respuesta y acusando el registro fotográfico de agentes no identificados, en un gobierno que presume haber extinto las policías políticas.
El del FNLS no es el único caso que entre las diferentes situaciones de violencia aquejan a defensores de derechos humanos que arriesgan la vida muy lejos de las estancias donde transcurre el discurso oficial.
En tanto, el Poder Ejecutivo, se ha resistido a perfeccionar los mecanismos de protección que a enviar, por ejemplo, la iniciativa del mismo Comité Cerezo, a un Poder Legislativo cuya función sólo se cumple por la línea presidencial que no tiene esta problemática –pese a lo perniciosa que es para la democracia—entre sus prioridades.