Para que un país pueda triunfar necesita la unidad de sus habitantes. Es ese sentimiento de hermandad y empatía con nuestros semejantes lo que abona a la solidaridad y al compromiso social, que luego prospera en otras virtudes como respeto, honestidad y tolerancia.
Desgraciadamente en nuestra nación la radicalización de los grupos sociales no mengua, sino lo contrario. La armonía social no puede obligarse por decreto u orden expresa. Los sentimientos y las emociones no pueden ser impuestos, aunque sí es posible, con ingenio y voluntad, orientarlos e influirlos.
Por eso me interesó la propuesta hecha por el avezado economista y antiguo colega en la Banca de Desarrollo, Jaques Rogozinski, en su más reciente libro ¿Y ahora pa´ dónde?, que consiste en establecer un servicio social obligatorio. Pero no como existente en las universidades en el que los estudiantes encuentran quién se los firme o, en el mejor de los casos, le dedican unas cuantas horas a la semana.
Sería como una evolución del servicio militar obligatorio. Con disciplina férrea pero ya no orientado a los oficios castrenses, sino sociales y colaborativos. Sería de observancia obligatoria para todos los jóvenes, sin importar si tienen pie plano o el color de la bola que les haya tocado.
Todos nuestros jóvenes, sin distingo por condición social, vivirían durante un periodo de tiempo en el mismo complejo, dormirían en los mismos dormitorios, estudiarían en las mismas aulas y comerían en las mismas mesas. Desarrollarían proyectos de atención a comunidades y grupos vulnerables, fomentando la cohesión, el espíritu humanitario y el trabajo en equipo.
Capacitaríamos a nuestros muchachos en temas de protección civil y reacción ante desastres naturales. Enseñaríamos oficios, sembraríamos valores y generaríamos un nacionalismo sin precedentes. Sin duda, esta estrategia sería un punto de inflexión en el combate a la desigualdad, la discriminación y la división social.
La única diferencia que debiera haber entre los mexicanos es la de ciudadanos y delincuentes: los que viven dentro del estado de derecho y respetan la ley, y los que no. Y este último grupo debe ser discriminado, aborrecido y combatido por todos.
Está por demás decir que su implementación no resultaría sencilla. Se requiere la alineación de muchas dependencias de gobierno, de los tres niveles, así como la asignación de un presupuesto considerable. Pero tomando en cuenta los beneficios que traería para el futuro, sería una de las mejores inversiones que México pudiera realizar.