Las elecciones para diputados locales de 2020 dejaron grandes lecciones que debemos tomar en cuenta para las de junio de este año de alcaldes y diputados federales.
En primer lugar, fuimos testigos de una voltereta que nos llevó hacia el pasado hasta el siglo XX con elecciones plagadas de mecanismos fraudulentos que aseguraban el carro completo del priísmo, comicios mediante los cuales el PRI masacró, explotó y exprimió a nuestro país por mas de 80 años y ahora, sin el menor pudor ni decencia el gobierno estatal revive las prácticas electorales promiscuas, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, meros espectadores de la violación del voto libre y secreto a través de una estrategia demagógica que asegura la presencia del partido que, “cuando no gana arrebata” en los puestos de la administraciones pública.
Los “mapaches” resucitaron o en realidad nunca se fueron, ellos son los ejecutantes que se encargan de toda la logística para que la operación electoral funcione integralmente a favor del PRI y a su vez, hay una coordinación con otros “mapaches” situados en la mesa de votación. En realidad, aquí son en su mayoría “mapachas” personificadas en las lideresas, ellas definen el voto, pero ¿cuántas alcanzan puestos importantes en la administración pública? Migajas es lo que el gobierno de avienta.
En la elección de 2020, cuando Riquelme lloriqueaba por los “recortes” presupuestales federales, echó mano del presupuesto de Sedesol (mil ciento trece millones de pesos) para la compra de despensas y pagar sus estipendios a las ahora gestoras sociales, a eso súmele además las prerrogativas del PRI que solo para esa elección ascendieron a $54,132, 269.00, ¡bara pal pueblo!
Las gestoras sociales tenían lista, tan sólo en Saltillo, una flotilla de mil 500 taxis y autos particulares, para mover “a su gente”, el acarreo en toda su plenitud, ¿quién pagó? Usted y yo estimado lector, pero no se altere, ahora tenemos un Congreso local unánime, exactamente lo contrario a lo justamente democrático, un panorama cabalmente surrealista, por 3 años el control sin cortapisas del Ejecutivo estatal, funcionamos otra vez bajo un solo poder, el Ejecutivo, henchidos de promiscuidad política.
El papel que juegan las lideresas en las elecciones es denigrante, el gobierno “las usa”, puede decirse, como delincuentes electorales, que violan el derecho al voto libre y secreto, es voto comprado e inducido y su trabajo se ejerce en los sectores económicamente más vulnerables de la población, de manera que éstos también son vilipendiados, ofendidos por el gobierno y discriminados por ser inducidos a renunciar a su derecho de elegir libremente y en secreto a sus dirigentes públicos.
El proceso está en marcha con la tarjeta la Mera-Mera, la entrega de despensas y quizá hasta la entrega material de construcción, como siempre ha sido.
La mejor forma de calmar los nervios, para poder conciliar el sueño y ganarse la confianza de los electores es gestionar y administrar eficientemente los bienes públicos, pero creo que para algunos es demasiado tarde. “Ya no hay tiempo de llorar”.
El gobierno del estado no se anda por las ramas, la planeación de la compra e inducción del voto es minuciosa, no hay resquicios. Los candidatos del partido oficial son los beneficiarios de esta práctica delincuencial de la que el PRI se llevó en 2020 (elección de diputados locales) 415 mil 691 votos, un 49.31 % del total.
Pero déjeme le cuento que recientemente el señor Riquelme, sin el más mínimo pudor afirmó que votará por el PRI y señaló la línea que seguirá su partido en estas elecciones: “aquí no cabe la prudencia ni la sana distancia, es de frente y con convicción”, léase compra e inducción del voto, intervencionismo absoluto.