López Obrador ha iniciado una nueva guerra, pero no es contra la corrupción y la inseguridad como lo prometió en campaña, sino contra la democracia, la libertad, la economía y el Estado de derecho.
Los balazos nunca bajaron por más mensajes confusos que Andrés Manuel López Obrador lanzó desde su campaña y en sus primeros 18 meses de gobierno, bueno, eso es un decir, la verdad es que sigue en campaña. Eso es lo suyo.
Prometió terminar la guerra y una Guardia Nacional. Pero esa guerra no es entre el ejército y las mafias, es de origen entre mafias, es por un mercado y ya sabemos que atrapar capos no logra bajar consumos, ventas o balazos, pero darles abrazos, dejar que hagan lo que gusten, ir a sus cumpleaños o darle preferencia a un cártel sobre otros tampoco es la solución.
La única manera de terminar la guerra es regulando las drogas. López Obrador parecía entenderlo, así lo expuso en su Plan de Paz y de Seguridad, que por cierto, no era un verdadero plan, sino sólo una breve presentación en Power Point.
Como quiera, era una ganancia para todos aquellos que sabemos que la regulación es la única manera de debilitar económicamente a las mafias. Pensamos que finalmente se había insertado la regulación en la agenda nacional y que los congresistas harían lo suyo, pero nunca recibieron la orden del presidente. No han regulado ni el cannabis, la droga más fácil de regular, la que además de todo es buen negocio para muchos, tiene innumerables propiedades médicas y ya está regulada por nuestros socios comerciales.
De la Guardia Nacional siempre dijimos que no tendría ningún impacto en la seguridad. Las policías municipales y estatales siempre agradecen los refuerzos, pero sólo son eso, un refuerzo. Los homicidios están al alza y las historias siguen siendo espeluznantes. Familias acribilladas, capos insolentes e inmunes, jueces y policías ejecutados, secretarios de seguridad baleados.
Es una guerra entre mafias, pero se extiende al Estado mexicano. La plata y el plomo colapsan invariablemente al gobierno y a la sociedad, y las víctimas somos todos. Es una guerra que el Estado ejerce contra sí mismo por no querer regular un mercado que está en cada esquina, en cada plaza, en cada antro. La plata corrompe y el plomo mata, nos corrompe y nos mata a todos: individuos, comunidades e instituciones.
López Obrador sigue haciendo lo mismo que hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, evadir la solución. Calderón estaba seguro que podría vencerlos con mayor capacidad bélica. No es así, los mercados negros no se combaten con balas sino con principios económicos. Peña Nieto creyó que podría controlar el tema y que las reformas estructurales eran más importantes que la reforma al mercado de las drogas. Los dos se equivocaron.
¿Y López? Pues no sabemos lo que piensa y las Fuerzas Armadas deben ser las más desconcertadas. Los sicarios, en cambio, sí saben. Saben que tienen un presidente pusilánime que no se atreve ni a regular, ni a capturar. Saben que no tiene ni idea del tema y que lo único que le preocupa es su nivel de popularidad y las próximas elecciones.
Quizá no todos. Hay otros datos. No es casualidad que un cártel le envíe un mensaje tan contundente en la Ciudad de México. El mensaje es muy claro: los abrazos no han sido parejos y eso tiene consecuencias.
Como todo político, López trata de capitalizar los fracasos y convertirlos en éxito, pero difícilmente puede seguir engañando a la población con lemas bobos de campaña. Los mexicanos que votaron por un “cambio” esperaban dos cosas: un gobierno honesto que erradicara la corrupción que Peña Nieto y sus secuaces hicieron tan obvia, y una estrategia certera de paz para el país. Hoy seguimos con la inseguridad, con la corrupción descarada de políticos en el poder y con una inminente crisis económica provocada por López Obrador y rematada por la pandemia.
Seguimos con el mal gobierno, pero ahora agravado por un manojo de ineptos ideologizados con una doctrina fracasada, anacrónica y destructiva; con la actuación de un candidato que simula ser presidente y que se viste de cura, de maestro rural, de hombre probo o de crítico flamígero, según le convenga o le amanezca.
López es un presidente que divide y destruye para acrecentar su poder personal. Un político que engaña porque calcula que el pueblo bueno lo seguirá tolerando y apoyando. Es resentido y belicoso que ha declarado una nueva guerra, pero ahora, contra el país entero: Contra la democracia y la libertad; contra la economía, las energías limpias, la modernidad y las inversiones privadas; contra la clase media y el empleo; contra la ciencia, la educación de calidad y el conocimiento; contra la crítica y la libertad de expresión; contra la separación de poderes, los gobernadores y el INE; una auténtica guerra, pues, contra el Estado de derecho y contra todos los mexicanos, salvo sus socios y algunos narcos.
La pandemia, que supera en magnitud a las crisis
Las crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia de Covid-19 ha sido uno de los “golpes” más fuertes a la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto no ha generado un cambio de estrategia o prioridades en el gobierno que prometió.
La pandemia, que supera en magnitud a las crisis que han tenido otros presidentes mexicanos, no ha movido “un ápice” las prioridades y proyectos del presidente de la República, apunta Felipe Gaytán, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle.
“A diferencia de otros presidentes no da golpes de timón, porque él liga su popularidad al cumplimiento de sus principios y mandatos morales, cualquier otro político ya hubiera dado un bandazo, en política se le llama ética de responsabilidad, es decir, medir fuerzas y adecuarse a tiempo y circunstancias”, apunta.
De acuerdo con la encuesta del diario El Financiero, la desaprobación del presidente López Obrador registró 56% en junio y 42% de desaprobación, lo que representa una disminución por segundo mes consecutivo: 4 puntos menos que en mayo y 12 puntos menos respecto de abril.
El estudio de opinión también destaca que a dos años de la elección presidencial, el 51% de los entrevistados considera que el presidente sí está cumpliendo, mientras que el 44% opina lo contrario.
Los 30.11 millones de votos con los que ganó las elecciones que se celebraron hace dos años, otorgaron a AMLO una legitimidad incuestionable y afianzó esa popularidad con las primeras acciones simbólicas de su gobierno, como cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco; evitar el uso del avión presidencial y la puesta en marcha del proyecto del Tren Maya.
El académico señala que pese al denso panorama que la crisis dibuja en la economía del país, AMLO no cambia su perspectiva de otorgar apoyos a los empresarios, sigue con proyectos como el Tren Maya o la refinería en Dos Bocas, Tabasco; y mantiene su perspectiva de atender la crisis de inseguridad con “abrazos y no balazos”.
“Esto se está llevando a una circunstancia extrema y lo que empieza a verse es una caída de su popularidad, pero sólo en ciertos segmento, no en su núcleo duro, sino en las clases medias donde hay pérdida del empleo, incertidumbre económica”.
El especialista señala que el núcleo duro de AMLO se ha visto beneficiado con los programas sociales y de apoyos que ha puesto en marcha el gobierno actual.
“Son programas que económicamente son viables como una forma para reactivar la economía pero que se han utilizado más como una especie de clientelismo político. No criticará el tema de los subsidios sino de la forma en que se dan porque tienen una orientación clientelar más que una reactivación económica”.
“Los ‘núcleos duros’ que se informan y leen tampoco están dispuestos a conceder, simplemente para ellos el país va bien y lo que hacen es reproducir el discurso de ‘los fifís y conservadores’”.
Forbes