Hace casi 2 décadas, el distinguido periodista español, establecido en Francia Ignacio Ramonet, director del periódico, Le Monde Diplomatique en español escribió el libro, “La tiranía de la comunicación” y en uno de sus capítulos, ya entonces afirmaba que “los periodistas están en vías de extinción. El sistema de información ya no los quiere” afirmaba categórico.
Si esto ocurre a nivel global, en México las agresiones en contra de los periodistas se incrementan pero es el sistema político el que los desprecia y la labor de estos profesionistas es cada vez más difícil y vulnerable, por eso el espionaje y la intimidación en contra de los activistas defensores de derechos humanos y los periodistas que se atreven a criticar al gobierno y a lo que queda de las instituciones legales es cada vez más fuerte, lo cual se comprueba con el reciente informe de la organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión que destaca que Coahuila está en el nada honroso tercer lugar por agresiones a periodistas, las que han sido más fuertes en las etapas de elecciones y por los aumentos a las gasolinas a principios de este año, ahora los periodistas son vistos como enemigos del Estado de la democracia que va en claro retroceso.
Una prueba de la ineficacia del Estado mexicano como garante de la libertad de expresión y los derechos humanos de los ciudadanos es que han pasado 215 días del asesinato de Miroslava Breach, la periodista chihuahuense y 162 del de Javier Valdez el informador sinaloense, sin que estos crímenes se aclaren.
Un caso que también ilustra la dificultad de los y las periodistas a acceder a la justicia es el de Lydia Cacho, quien después de haber sido sometida en 2005 a violencia física, sexual y psicológica por parte del policía José Montaño que la torturó, éste tras 12 años de impunidad al fin fue condenado a 5 años 3 meses de cárcel, es asombroso el letargo de la justicia mexicana, 16 años para sancionar al torturador y 5 de condena, es increíble.
Lydia denuncia su desacuerdo con la sentencia por no llamar a las cosas por su nombre ya que aunque hubo violencia sexual demostrada, los jueces la sentencian como violencia física; este caso es notable porque según dice la misma periodista, por primera vez en la historia de este país se sentencia a un policía por tortura y se gana un juicio con perspectiva de género de una comunicadora que defiende a niños y niñas.
La periodista fue detenida por Montaño por la difamación en contra del empresario de textiles, Kamel Nacif Borge, a quien ella acusó de tener una red de pederastia.
En México se desprecia la libertad de expresión, se amenaza a los periodistas con encarcelarlos, secuestrarlos o censurarlos, esa es una forma de apagar y disminuir la opinión crítica, los periodistas independientes ven como se cierran las puertas y la hostilidad hacia el periodismo insumiso alcanza horizontes nunca vistos, a tal grado que se calcula que cada 15 horas un periodista es agredido, este es un oficio arriesgado y la impunidad es el distintivo de los medios de comunicación en los que manda la violencia, el miedo y la sangre.
Es por eso que, hace unos meses en la Cámara de Diputados, la Comisión especial que indaga las violaciones a la libertad de expresión solicitó ayuda al Alto Comisionado de la ONU para resolver la crisis de violencia contra la libertad de expresión, porque según los que presiden esa comisión, México es el país más peligroso para el ejercicio de esta profesión, ya lo sabemos y lo sufrimos, pero no pasa nada, no hay defensa.