La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino este martes para que Texas comience a implementar de inmediato la polémica ley de inmigración que permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera ilegal al país.
Los tres jueces progresistas del alto tribunal manifestaron su disenso con el fallo.
Actualmente se desarrollan impugnaciones contra la ley en una corte federal de apelaciones, pero la decisión representa una victoria significativa, aunque temporal, para Texas, que ha librado una batalla continua con el Gobierno de Biden sobre la política de inmigración.
La decisión ocurre menos de 24 horas después de que la corte suspendiera indefinidamente la implementación de la ley. Esta era la tercera vez que el alto tribunal frenaba la medida.
La controversial ley, conocida como SB4, la promulgó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado. Esta medida penaliza el ingreso ilegal a Texas al considerarlo un delito estatal, y permite a los jueces del estado ordenar la deportación de migrantes. La implementación de las leyes de inmigración, en general, es una función que le compete al Gobierno federal.
Tras su promulgación, la ley generó preocupación inmediatamente entre los defensores y activistas de inmigración por la posibilidad de un mayor perfilamiento racial, así como por detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.
Un juez federal de Austin había impedido que el gobierno estatal implementara la ley. Pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos concedió una suspensión temporal de la decisión del tribunal inferior y dijo que la ley entraría en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema no tomaba acción. Pronto siguieron un par de llamados de emergencia del Gobierno de Biden y de otros.