Informó que la Universidad Autónoma de Coahuila es de las cuatro instituciones que recibe menos recursos.
El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado opinó que las universidades enfrentan una serie de desafíos, como el incremento de sus pasivos para hacer frente al pago de pensiones y el incremento a sus matrículas, que se traducen en costos extraordinarios.
Dichos costos, de acuerdo al texto reformado del artículo tercero constitucional, deben ser asumidos por el Estado mexicano; así como la distribución equitativa en el financiamiento de sus actividades, entre federación y las entidades federativas, dijo de Hoyos Montemayor.
No obstante la proporción de los fondos federales es mucho mayor para algunas instituciones que para otras, generando así cargas desiguales a los estados, apuntó.
Informó que la Universidad Autónoma de Coahuila es de las cuatro instituciones que recibe menos recursos federales del país, con respecto a sus pares.
Por ejemplo, en la de San Luis Potosí, Yucatán y la de Oaxaca, las aportaciones federales representan más del 89 por ciento de sus ingresos ordinarios, mientras que la Autónoma de Coahuila, recibe apenas el 50% de sus recursos y el estado debe aportar el 50 por ciento restante.
“No existe un trato equitativo en la participación federal de las universidades públicas, tal y como debería darse, para guardar la concordancia con lo ahora dispuesto en el artículo 3º constitucional”, expuso el diputado.
Sumado a lo anterior, entidades como Sonora y Coahuila, al tener una carga mayor que otras entidades, han presentado mayores problemas para el cumplimiento de ministraciones de fondos por parte de los estados, comúnmente, otorgando montos inferiores a los convenidos, dijo.
En ese tenor, planteó la posibilidad de fijar un porcentaje único, que aplique a todas las universidades, tomando en cuenta las cargas que ya tiene la Federación hoy en día, por ejemplo, un 70 por ciento de financiamiento federal y el 30 por ciento restante que corresponda a los estados, o bien, se puede ser más preciso y ubicar el financiamiento federal en el 67 por ciento y el 33 por ciento para los estados.
Opinó que ya que con ello se lograría una distribución más equitativa entre universidades, a fin de garantizar condiciones de igualdad entre los integrantes de cada una de ellas, para que el nivel educativo sea de la misma calidad en todo el país.
Esto además ayudaría a que las entidades que han presentado rezagos o incumplimiento en la ministración de fondos estatales, por el porcentaje de financiamiento tan alto, puedan hacer frente de forma efectiva a sus obligaciones, puntualizó.
Vanguardia.