Diplomáticos de EU, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Países Bajos se reunieron para discutir sus preocupaciones sobre la política energética de López Obrador.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis países europeos sostuvieron conversaciones conjuntas para discutir sus preocupaciones sobre la política energética de México, dijeron fuentes a Reuters, en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se esfuerza por otorgar al estado un papel más relevante en el sector.
Un encuentro diplomático inusualmente amplio es una muestra de cómo la actual política sobre energía, opuesta a la del gobierno anterior, inquieta a economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas en México.
Funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Europa expresan en privado su preocupación de que la postura energética de México está erosionando las bases legales de contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la administración previa.
El gobierno de México niega que esté socavando esos acuerdos, pero dice que los contratos previos a menudo dañaron al país, por lo que ha tratado de renegociar los términos de algunos de ellos.
En una reunión organizada el viernes en la mañana en Ciudad de México por la embajada estadounidense, diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos abordaron sus inquietudes y la mejor manera de transmitírselas a López Obrador, según cinco personas familiarizadas con el encuentro.
Cuando se le pidió un comentario, la embajada de Estados Unidos respondió a Reuters que no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas. Las otras embajadas ni la oficina de López Obrador contestaron a solicitudes de comentarios.
Los detalles de lo que sucedió en la reunión no fueron claros de inmediato, aunque hubo una discusión sobre si hacerlo público o no, dijo una persona. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, debido a la sensibilidad del asunto.
Los diplomáticos dijeron que los distintos gobiernos difieren sobre cuán abiertamente deberían comunicar sus quejas al mandatario mexicano, para que no sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más rígido.
López Obrador, conocido como AMLO, se ha comprometido a fortalecer el papel del estado en el sector energético, argumentando que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad crónica en México y alentaron la corrupción.
Las preocupaciones cada vez más notorias sobre las políticas económicas de AMLO impactaron a la inversión en México el año pasado y contribuyeron a una desaceleración que llevó a la economía a una leve recesión.
Empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México bajo cambios constitucionales que abrieron el mercado de la energía, en particular para el petróleo y el gas, promulgados por el predecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto.
El actual presidente ha puesto un freno al proceso de liberalización, argumentando que no ha producido beneficios para México.
Una discusión notable ha sido quién tiene el derecho de operar un importante descubrimiento de crudo en alta mar, el megayacimiento Zama, cuyo depósito estaría compartido entre Pemex y un consorcio de inversionistas privados liderado por la estadounidense Talos Energy.
El año pasado, el gobierno de AMLO molestó a varios países al amenazar con romper contratos de construcción y operación de gasoductos por unos 12,000 millones de dólares firmados bajo la administración de Peña Nieto, argumentando que fueron dañinos para los contribuyentes.
Aunque esa disputa finalmente se resolvió, surgieron nuevos conflictos.
Los pasos del gobierno para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos renovables, lo que nubla aún más la confianza de los inversores en México.
Parte del dinero invertido en proyectos de energía en México está vinculado a fondos de pensiones en Europa y Norteamérica. Los críticos de las políticas del gobierno temen que los minados rendimientos de esas inversiones afecten a los pensionistas.
REUTERS.