En un artículo titulado “Los casos impunes de Felipa, Pío, Bartlett, Sandoval y Robledo muestran la corrupción en México”, el periodista Carlos Loret de Mola hace un recuento de una serie de casos de corrupción en los que estarían implicados personajes vinculados al gobierno de la autodenominada cuarta transformación, resaltando que todos estos casos han quedado en la impunidad aunque el presidente Andrés López se empeña en afirmar que la corrupción ya no existe en nuestro país.
El texto del artículo es el siguiente:
Ya no hay corrupción, dice una y otra vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A veces, agrega un matiz: “Ya no hay corrupción tolerada desde arriba”.
Al repetir esa afirmación cada vez que le preguntan sobre algún posible acto de corrupción en su gobierno, confirma lo que parece una constante en él: lo importante es el discurso, no los hechos; la repetición propagandística, no las evidencias; la retórica, no la realidad.
Quizá por eso dedica buena parte de sus apariciones cotidianas ante las cámaras a descalificar, insultar y calumniar a quienes indagan entre los documentos y exhiben la mascarada: se acabó la corrupción de los que ya no están, pero la corrupción de los que lo rodean se echa bajo la alfombra de una cortina de palabras.
Desde el periodismo, con pruebas, a lo largo de los dos años de administración obradorista, hemos documentado irregularidades de colaboradores cercanos y familiares del presidente.
A Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, le documentamos en 2019 que incumplió la ley al ocultar 23 residencias y 13 empresas. Publicamos las escrituras, las actas constitutivas, las imágenes de la relación con él. El presidente lo defendió rabiosamente. Acusó que todo era un complot, un ataque político, una conspiración de intereses oscuros. No hizo ningún intento de desmentir los datos investigados porque no tenía forma de hacerlo. Instruyó a su colaboradora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que investigara el caso. Pero al hacerlo, públicamente le dictó la conclusión: su amigo y funcionario era inocente. La indagatoria oficial cumplió con el libreto y fue exonerado.
Menos de un año después, los la hicieron de nuevo: el hijo del funcionario fue descubierto por la organización Mexicanos Contra la Corrupción vendiendo ventiladores, en medio de la pandemia, a sobreprecio. Le cancelaron ese contrato.
Después, en Post Opinión revelé que, en un claro ejemplo del nepotismo que AMLO dice combatir, Manuel Bartlett junior tenía otros contratos por 162 millones de pesos con varias dependencias federales. De esos contratos, ninguno se canceló.
A Irma Eréndira Sandoval, nombrada zarina anticorrupción, le documentamos este año seis propiedades junto con su esposo, John Ackerman, un académico y presentador de la televisión pública convertido en propagandista del obradorismo. Una de sus residencias le fue regalada en 2007 por el gobierno de Ciudad de México (obradorista también) sin una justificación jurídica. Los ingresos de la pareja de académicos en los años que fueron adquiriendo las casas, antes de la llegada de Sandoval al gobierno, no alcanzaba para esas adquisiciones.
De nuevo, frente a documentos oficiales, escrituras e imágenes, ella y la mayoría de los integrantes del gabinete respondieron con injurias, amenazas y descalificaciones. “Sicario del periodismo”, pusieron a coro en Twitter, lo que ameritó amonestaciones públicas de organismos defensores de la libertad de expresión. No desmintieron una coma de lo publicado ni aclararon el origen de los recursos. Nadie investigó a Sandoval. Impunidad total.
Al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, le documentamos que otorgó contratos desde esa institución a empresas de su hermano. A las actas, los contratos, las adjudicaciones, de nuevo se opusieron palabras y tímidos intentos de desmentido, que cayeron por tierra frente a los documentos. El responsable de la mayor institución de salud del país, en plena pandemia, hizo compras irregulares de materiales de protección para personal médico a personas no autorizadas, que vendieron incluso cubrebocas inservibles. A nadie se sancionó.
Publicamos en agosto videos de Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo en 2015 dinero en efectivo de manos de David León, quien había sido designado por el mandatario como zar anticorrupción para la distribución de medicamentos. El propio León había grabado esos videos y tanto él como Pío López Obrador aparecían hablando de que ese dinero era para la campaña presidencial de AMLO en 2018.
David León admitió la autenticidad de los videos. El presidente también. Pero levantó una defensa retórica insospechada para cubrir a su funcionario y a su hermano: el dinero provenía de “contribuciones voluntarias para fortalecer al movimiento”, comparables con las que recibieron los héroes de la Independencia nacional en el siglo XIX.
A partir de ahí han pasado muchas cosas. Legisladores de oposición presentaron denuncias ante la Fiscalía General y ante las autoridades electorales para investigar el caso. León y Pío declararon ante la Fiscalía. Pío, además, presentó una denuncia en la que pide 12 años de cárcel para quienes publicamos los videos. El presidente dijo que no se actuará contra ningún periodista, pero no le pidió a su hermano retirar la demanda. La Fiscalía no ha anunciado si la denuncia sigue viva o si la desechó.
Después, el Instituto Nacional Electoral inició una investigación por posibles delitos electorales y Pío presentó una solicitud al Tribunal Electoral para que la deseche, la cual fue admitida pero aún no hay un fallo al respecto. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo primero que en su investigación no había encontrado “nada significativo”, porque todo se había manejado con dinero en efectivo, pero después aclaró que sí detectó dos depósitos en efectivo por un total de 600,000 pesos a la cuenta de Pío. Hay investigaciones abiertas pero, hasta ahora, prevalece un manto verbal de impunidad tendido por el presidente y ningún castigo jurídico.
A Felipa Obrador, prima hermana del presidente, le documentamos participación en contratos de la empresa petrolera Petróleos Mexicanos por más de 465 millones de pesos, en abierta contradicción con una de las promesas más enfáticas del presidente: que ningún familiar suyo haría negocios con su gobierno. Al día siguiente de la publicación de los contratos, las actas y los documentos, el presidente se burló, nos insultó, y dijo que Pemex explicaría el caso. Un comunicado oficial confirmó los datos que publicamos, atribuyó a “omisiones” el hecho de que se hayan otorgado a la prima del presidente y anunció que serán rescindidos. No se sabe qué modalidad legal se seguirá, si habrá sanciones, si habrá indemnizaciones a la empresa de Felipa. En la misma investigación que publicamos, se documentaron otros contratos de su empresa que siguen vigentes con el Instituto Mexicano del Petróleo y con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, de los cuales nada se ha dicho.
Cierra el año, el segundo de gobierno de AMLO, y la corrupción no se ha acabado. La tolerancia desde arriba, tampoco. Los hechos hablan. La retórica oficial es solo eso.
The Washington Post y Carlos Loret