David Guillén Patiño
columnasdemexico.com
Saltillo, Coahuila, 20 de marzo de 2018. – A propuesta del diputado de Morena, José Benito Ramírez Ríos, el Congreso del Estado solicitará a diferentes instancias estatales y federales atiendan de manera diligente los casos de periodistas coahuilenses que en los últimos años han sido agredidos en el desempeño de su labor informativa.
Según la proposición con punto de acuerdo aprobada hoy por el Pleno del Poder Legislativo estatal, el requerimiento está dirigido a la Secretaría de Gobierno, así como de la Fiscalía General del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Coahuila y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República.
Dichas dependencias y organismos deberán informar, “a la brevedad posible y de manera pormenorizada”, acerca del estado que guardan todas y cada una de las denuncias interpuestas por informadoras e informadores de la entidad, a raíz de diversas amenazas y agresiones que, de 2012 a la fecha, estos vienen sufriendo con motivo de su ejercicio periodístico.
Además, habrán de proceder a lo conducente “para que se agilicen los procesos en cuestión y especifiquen las medidas que, en su caso, se estén tomando para garantizar la seguridad jurídica del gremio en general, mantener a salvo su integridad física y proveerles protección, tanto como a sus respectivas familias y patrimonios”.
“ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”
En su intervención, el legislador de Morena se refirió a diversos incidentes que han resultado en perjuicio de las y los informadores de Coahuila, mismos que constituyen “un abierto atentado a la libertad de expresión y una clara violación a las garantías constitucionales”, y que “a pesar de su gravedad, pasan desapercibidas o simplemente son omitidas por las instancias correspondientes”.
Como ejemplo de ello, se refirió al caso del reportero Alejandro Montes Salas, quien a finales de enero pasado fue amenazado de muerte, según afirma, por el presidente municipal de Parras de la Fuente, Evaristo Madero, ilícito que posteriormente denunció de manera formal en compañía de diferentes organizaciones del gremio periodístico, incluso ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Otro hecho reciente se relaciona con las amenazas recibidas por la colaboradora de El Heraldo de Saltillo y Capital Coahuila, Jessica Rosales, por parte del abogado y ex representante del Partido Joven ante el Instituto Electoral de Coahuila, Julio Aldape, quien también hizo objeto de sus graves amenazas al director editorial de dicho medio, Francisco José de la Peña de León.
Ambos sucesos se suman a otros muchos que, década tras década, han quedado en el olvido, como el ocurrido en diciembre de 2016 a Milton Martínez, de Punto y Coma, a quien el director del jardín de niños saltillense Los Pinos, Jorge García, le advirtió que lo despedazaría.
“La lista de situaciones de peligro, cuando no de agresiones físicas que en ocasiones derivaron en la muerte de informadores, sigue acrecentándose, sin que hasta ahora veamos la aplicación estricta de la ley en defensa de los comunicólogos”, señaló.
NÚMEROS DE MIEDO
En lo que concierne a los medios de Coahuila, algunos de los cuales se han visto obligados a optar por la autocensura, destaca un reciente reporte de la organización “Artículo 19”, que señala: con 26 casos, el estado vio triplicados los ataques respecto de 2016, ocupando así el tercer lugar entre las entidades del país con mayor número de ataques a comunicadores. Para colmo, el 99.7% de las agresiones, provenientes casi todas por parte del gobierno y partidos políticos, permanecen en la total impunidad.
Presentó también el siguiente reporte periodístico: Del 5 de julio del año 2010, al 30 de noviembre del 2017, fueron otorgadas 319 medidas de protección a periodistas, siendo la ciudad de México la que más registró, con 64, seguido de Veracruz con 32, Oaxaca y Estado de México con 24 cada uno, Guerrero con 21 y Coahuila con 17. La mayor cantidad de medidas otorgadas correspondieron a acciones de contacto para la reacción policial, así como manuales de prevención, rondines domiciliarios.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, registró, en ese mismo período, 39 denuncias de periodistas en Coahuila; la mayoría registradas en el año 2013 con 21. Por otra parte, de enero de 2000 al 30 de noviembre de 2017, en Coahuila hubo tres casos de desaparición, mientras que en el año 2010 y 2013 se registraron dos homicidios.
Las embestidas a los medios de comunicación han sido de tal envergadura, que, en mayo de 2017, por ejemplo, informadores de unos 30 medios demandaron, durante una manifestación pública en Saltillo, seguridad y garantías al derecho a la información. Hasta ese entonces, la violencia en el país había cobrado la vida de al menos 114 profesionales de la comunicación.
A pesar de lo preocupante de estas cifras, agrega el punto de acuerdo aprobado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas en Coahuila se mantiene prácticamente ajena a su misión, en tanto, pareciera que la Ley para la Protección de las y los Periodistas para el Estado de Coahuila de Zaragoza es letra muerta.
“Por su parte, la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Coahuila deja mucho que desear en su desempeño. Tampoco ha sido efectiva la supuesta actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas en Coahuila. Así pues, los profesionales de la comunicación siguen desempeñándose bajo un verdadero estado de indefensión”, destacó el diputado morenista.
EXHORTO AL GOBIERNO DE RIQUELME
Añadió: “Queremos pensar que, en el inicio de este sexenio estatal, habrá, ahora sí, voluntad política para salvaguardar la integridad física y la vida de las y los periodistas que laboran en los diferentes medios de comunicación de la entidad, entre los cuales debemos destacar al periódico Vanguardia, en virtud de que, la noche del pasado 7 de marzo, fue blanco de un nuevo ataque cibernético”.
“Hago un atento llamado –prosiguió– para que, en este ciclo que también emprende el Honorable Congreso de Coahuila, no se repita el lamentable desencuentro que tuvo gran parte de la Legislatura anterior con el gremio periodístico, al surgir, con motivo de la aprobación de la Ley para la Protección de las y los Periodistas del Estado de Coahuila, el 17 de junio de 2014, las primeras trabas gubernamentales para su aplicación real, de ahí que diputados locales reclamaran medidas que garantizaran el ejercicio periodístico en un clima de respeto y seguridad”.
En aquella ocasión la ahora ex diputada Lariza Montiel Luis, habría dicho que en Coahuila “deben existir políticas públicas preventivas, integrales y sistemas de alerta que activen la fuerza del estado a favor de los informadores, no en su perjuicio, como parece suceder”.
“Es responsabilidad de todos los actores sociales, y particularmente de los Poderes del Estado, hacer que el ejercicio periodístico deje de ser una profesión de alto riesgo, al menos en Coahuila”, subrayó.
– – – o – – –