La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Fuentes ministeriales confirmaron a El Universal que la denuncia de la UIF fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos.
Ésto, luego de que la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público.
Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del exlegislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la República.
La denuncia fue presentada el pasado 13 de octubre de 2020 y a pesar de ello, las cuentas bancarias del exsenador no están congeladas.
Lavalle Maury, del PAN, forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto de 2020 contra diversos exfuncionarios y servidores por actos de corrupción.
En concreto, el exdirector de Pemex señaló a Lavalle Maury como parte del grupo de legisladores panistas que lo extorsionaron para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En este grupo también se encuentran, según el dichos de Lozoya Austin, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas.
“A solicitud de Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legis- ladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, dijo Lozoya.
“Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”, acusó.
Previo a que Lozoya Austin presentara su denuncia, en redes sociales circuló un video en el que se observa a Rafael Caraveo, brazo derecho y operador de Lavalle Maury, recibiendo fajos de dinero en maletas que supuestamente constituyen los sobornos referidos por el exdirector de Pemex para aprobar la reforma energética.
Luego de la difusión de estas imágenes, Lavalle Maury, quien fue expulsado del PAN hace dos años, se deslindó de las actividades de Caraveo y dijo ser inocente.
En cuanto se dio a conocer la denuncia de Lozoya Austin, el exsenador afirmó que ya se encontraba preparando su defensa en contra de las acusaciones del exdirector general de Pemex.
“Tal y como lo informé desde el primer momento en que se hicieron públicos diversos señalamientos en mi contra, el señor Emilio Lozoya miente”, indicó a través de un comunicado.
“Estoy en casa con mi familia y asesores preparando mi defensa”, expuso.
Desde septiembre pasado, la UIF anunció que derivado de la denuncia presentada por Lozoya Austin comenzó a revisar las finanzas de las 70 personas mencionadas por el exdirector de Pemex y se comprometió a entregar la información recabada a la FGR o, en su caso, a presentar las denuncias correspondientes, lo que ocurrió en octubre pasado con la acción contra Lavalle Maury.
Todavía en diciembre pasado, el exsenador del PAN afirmó que su patrimonio es totalmente lícito y reiteró que no recibió dinero de sobornos: “Es absurdo suponer que recibí algún tipo de prebenda o soborno a cambio de mi voto, que también pasó por la mayoría de otros 127 senadores, 500 diputados y la aprobación de los Congresos locales”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.
La semana pasada, la FGR anunció que en estos días judicializará la carpeta de investigación que inició con la denuncia de Lozoya, actualmente vinculado a proceso por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Sin embargo, la fiscalía no precisó contra quiénes ya reunió pruebas suficientes para iniciar proceso penal y por qué delitos y hasta el momento no ha informado más sobre el tema.
La denuncia también menciona a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari como copartícipes de una red de corrupción en el gobierno federal que les involucra tanto en el caso Odebrecht como Agro Nitrogenados.
Con sus acusaciones y la entrega de información y evidencias, Lozoya Austin busca que la FGR le conceda un criterio de oportunidad, figura jurídica que permite, a cambio de colaborar con las autoridades, que el agente del Ministerio Público se desista de acusar penalmente a una persona.