A principios del mes el Juez Primero de Distrito en Saltillo resolvió que el ICAI debería manifestarse sobre la procedencia del acuerdo de reserva emitido por la Secretaria de Finanzas del Estado con relación a dar a conocer la lista de deudores a quien se les pagaría con el crédito de 2,500 millones solicitado por el Gobierno y autorizado por el Congreso el 7 de Octubre de 2014.
El ICAI, muy lamentablemente, parecía encubrir la irregularidades y opacidades del Moreirato y se había resistido a manifestarse sobre el fondo del asunto. Por su parte Ismael Ramos declaró que transparentar esta información “dañaría la estabilidad económica y financiera del estado”. El Secretario ofreció abrir la información cuando acudió al Congreso a justificar la solicitud de crédito y posteriormente decidió reservarla con los absurdos y arbitrarios argumentos señalados.
Una vez abierta la lista se hicieron evidentes, entre otros, tres aspectos :
–El ICAI es solamente un parapeto, su actitud deja de manifiesto que solo obedece y protege los intereses del Moreirato y que desde luego, no tan solo no sirve al interés mayor para el que fue creado, sino que es un claro obstáculo que debe revisarse e investigarse para fincar las responsabilidades correspondientes
–El Moreirato sigue incontrolado en su trayecto corrupto y cínico y le sigue apostando a mantener y conservar el vigente esquema de encubrimiento. No obstante que el decreto 596 publicado en el periódico oficial el 10 de Octubre de 2014 condiciona el crédito a ser utilizado en inversiones públicas productivas, ahora resulta que según este burócrata- ojalá futuro convicto- los milmillonarios gastos en comida (despensas, pozole etc.) son infraestructura social y por consecuencia inversion pública productiva, haberse visto semejante tontería.
–Resulta claro que todo esto y mucho, mucho, mucho mas sucede por que nuestro principal problema es la IMPUNIDAD y debe ser, el irrenunciable principal, el objetivo central y fundamental a remediar al final y para terminar el Moreirato.
Dando por buena la aseveración anterior y de cara a la sucesión seria interesante revisar algunos aspectos a saber :
Rubén Moreira, a contra sentido de lo que creo es la aspiración de la mayoría de los ciudadanos que no estamos, ni queremos estar, en el enjuague, buscará precisamente que el próximo gobernador del estado le garantice impunidad a él y su familia, (una llamada telefónica difundida hace unos meses, atribuida a él, señaló que buscaba un “seguro” para él, a Humberto que se lo cargue la chin….) desde luego por eso su decisión de impulsar a como de lugar a quien se lo garantiza – Riquelme su cómplice – , pero adicional a eso buscará dividir a los opositores, intentará evitar la unicidad del proyecto contrario a él, incorporar a la competencia uno o varios esquiroles aprovechando la nomina de los partidos a su servicio o incrementando los “Independientes” y no dejará de intentar negociar con quien desde la oposición resulte viable.
En el PRI la tradicional disciplina o una ley no escrita obliga a proteger al antecesor que milita en el mismo partido, solo tiene excepción cuando es de tal nivel adversa la opinión pública que el costo ponga en riesgo una posición de mayor jerarquía o interés. Aun cuando muchos de los aspirantes priistas son contrarios a Rubén es muy difícil o francamente imposible que alguno de ellos encuentre las condiciones para iniciar una cruzada contra la impunidad y la corrupción del Moreirato. Desde luego que Riquelme seria su mayor garantía.
En la oposición, si participa mas de uno sería el mejor escenario para el PRI y un triunfo dependería de múltiples y muy variadas condiciones, en todo caso se vería drásticamente reducida la calidad de viable y habría que iniciar batallando contra un PRI con pronóstico de continuidad. Si se presenta un frente amplio opositor con un solo candidato el proyecto será además de viable, confiable y esperanzador y por primera vez la posibilidad de la alternancia, del empoderamiento ciudadano y del combate a la corrupción será real.
Sin duda la propuesta opositora tendría que girar en torno al compromiso de fincar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes para castigar la corrupción del Moreirato, combatir la impunidad a partir de estructuras ciudadanas cuya formación no privilegie al sector empresarial y ampliar de manera seria y convencida los mecanismos de democracia participativa en la determinación de las políticas públicas sobre todo en las de transparencia, rendición de cuentas, asignación presupuestal y vigencia del estado de derecho.
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