Gabriela María de León Farías exconsejera se habría firmado un documento donde aprobó su propia liquidación.
Gabriela María de León Farías, exconsejera presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se habría autodespedido injustificadamente y aprobado una liquidación de más de un millón de pesos, según el actual consejero presidente.
A respuesta de una solicitud de información obtenida por Milenio, la funcionaria determinó al terminar su cargo una retribución de 1 millón 164 mil 769 pesos.
“No traigo preciso el dato del monto, ella misma se otorgó su liquidación el último día de su gestión, por parte de nosotros no hicimos ese ejercicio presupuestal”, indicó Rodrigo Germán Paredes, actual consejero presidente del IEC.
En el documento sellado por la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto, se observa la firma de María Gabriela de León autorizando su liquidación por más de un millón de pesos por medio de banca en línea con la suma de dinero indicada.
En el apartado de beneficiario, está el nombre de la exconsejera presidente y en el concepto de pago está indicado que es la “liquidación a Mtra. (sic) Gabriela María De León Farías por terminación de encargo”.
Dicho oficio sobre el autodespido injustificado estaría fechado el 2 de noviembre del 2022, con el folio, T/211006/2022/DEA y se indica que quien lo revisó y aprobó fue la contadora pública Miriam Yolanda Cardona de La Cruz, directora ejecutiva de Administración, aunque no se observa su firma de puño y letra.
En el apartado que informa a detalle las percepciones incluidas en el finiquito está el sueldo proporcional, vacaciones no tomadas, prima vacacional, una indemnización por 90 días y otras indemnizaciones de 20 días por cada año trabajado, así como una prima de antigüedad que sumaría más de un millón de pesos.
Supuestamente desde un año antes habría preparado para llevarse tal compensación económica, pues en octubre del 2021 la Junta General Ejecutiva del IEC firmó el acuerdo IEC/JGE/015/2021, donde determinaron el esquema que aplicarían para liquidar a empleados.
“Para el caso de que se extinga la relación laboral del personal y de las y los servidores públicos del Instituto, por una causa distinta a la renuncia o al despido”, indica.
Detalla que en caso de que termine la relación laboral entre un empleado y el Instituto, “por una causa distinta a la renuncia o al despido” se debe de considerar el esquema de liquidación, el cual tendrá los mismos efectos que un despido.
El acuerdo no habría pasado por el Consejo General del IEC según los propios representantes del partido y consejeros que en ese momento eran parte del grupo colegiado. Juan Antonio Silva Espinoza, consejero, indicó que los trámites de orden administrativo no se notifican a los consejeros.
“Hemos tenido algo de información por las solicitudes que se hacen a través de los mecanismos de transparencia y otra parte por lo que se ha ventilado en los medios, pero hasta este momento no tengo yo un documento formal a partir del cual tenga yo los elementos para precisar una cifra exacta y conocer si se determinó conforme a la ley que es un derecho de los trabajadores, o si hubo algún elemento adicional o que tuviera que revisar la Contraloría”, dijo para Milenio el consejero.
La exconsejera es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia en Coahuila y trabajó en el IEC de noviembre del 2016 a noviembre del 2022.
La diputada Lizbeth Ogazón expresó que como funcionaria pública debió respetar y ajustarse a la ley en cuanto al pago por separación del cargo.
Morena pidió a la Auditoría Superior del Estado, investigar el finiquito que se “auto recetó” Gabriela de León Farías, ex presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, un día antes de dejar el cargo. Esto porque pudo ser ilegal y, de ser así, deberá restituirlo al IEC.
La diputada Lizbeth Ogazón expresó que como funcionaria pública debió respetar y ajustarse a la ley en cuanto al pago por separación del cargo.
“El autoliquidarse con una suma millonaria, sin que haya pasado previamente ante el Consejo General, es una arbitrariedad por parte de ella, por lo que debería ser auditada por el Estado, porque nadie lo autorizó y si no está previsto en la ley que tutela los derechos laborales para los trabajadores que se separan de un cargo, se pudiera estar hablando de una irregularidad”.
“Tendría que ser investigada previa a una sanción, la ASE debería auditarla como persona y su función como encargada del IEC, y el Instituto también debe ser auditado por el manejo del presupuesto que estuvo haciendo durante su administración”, dijo la diputada.
Aunque se tiene el antecedente de que la Auditoría, por lo general, desecha las investigaciones que se le solicitan, debe intervenir, explicó, sobre todo para dar transparencia al manejo del recurso al interior del órgano electoral.
“Que se investigue y se audite, porque ninguna ley dice que ella se puede retirar con esa cantidad de dinero y nadie se lo autorizó, no pasó por el Consejo General, que tengo entendido ni lo sabía.”, indicó.