Ha sido un tema recurrente en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Ha sido bandera del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. El caso Odebrecht. El presunto financiamiento ilegal de esta constructora brasileña a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, a través de quien se convirtió después en su director general de Pemex, Emilio Lozoya.
Han sido tantas las referencias-lo ha dejado ver el propio primer mandatario- que de no actuar legalmente, podría estarse tipificando el delito de encubrimiento. Así que el gobierno federal ha decidido actuar en contra de quien parecen tener el caso más sólido: según fuentes de alto nivel en el gobierno federal, desde Palacio Nacional se ha confeccionado la denuncia contra Lozoya Austin por el caso Odebrecht.
Si prospera, este expediente estaría constituyendo el primer caso legal del actual gobierno en contra de un funcionario de alto nivel del sexenio de Enrique Peña Nieto. El balón quedaría en la cancha del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con un antecedente clave: el último titular de PGR, Raúl Cervantes (Alberto Elias Beltrán nunca pasó de encargado de despacho), anunció al renunciar al cargo, que la investigación sobre Odebrecht estaba concluida y lista para las consignaciones. Nunca sucedieron: Elías Beltrán pateó el asunto durante el año que estuvo al frente de la PGR.
Súmele otra arista; según otras fuentes también muy enteradas, uno de los primeros expedientes que presentó Santiago Nieto al incorporarse al gobierno del presidente López Obrador y participar en las reuniones del gabinete de Seguridad a las seis de la mañana en Palacio Nacional, fue justamente un detallado reporte sobre presuntas transferencias, cuentas bancarias, vínculos de los que él ha hablado públicamente desde hace meses, acusando que es un tema donde no puede seguir reinando la impunidad. La investigación que inició cuando era fiscal para delitos electorales en la administración priista pasada estaría siendo continuada con las herramientas financieras de su nuevo cargo en el gobierno morenista.
Desde que estalló este escándalo, Lozoya Austin ha sostenido su inocencia, Sus abogados han trabajado intensamente en su defensa tanto en tribunales como en medios de comunicación. Hace menos de un mes se reveló que la administración anterior del gobierno de México se comprometió “a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” a cambio de información (El Universal, febrero 15 de 2019), según explicó la actual Fiscalía General de la República
Todo este episodio puede tener una seria consecuencia legal y a la vez un enorme impacto político.
Carlos Loret de Mola, El Universal.