El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y solicitó la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta decisión del mandatario, utilizando un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lasso ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo.
La “muerte cruzada” permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional en tres escenarios: si considera que los legisladores están obstaculizando su capacidad para gobernar, por grave crisis política y conmoción interna, y -cuando a su juicio- el poder legislativo se arrogue funciones que no le competen.
En el decreto ejecutivo 741 firmado por el mandatario, se hace mención a la crisis política que atraviesa el país y, además, Lasso acusa a la Asamblea de “un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado”.
“Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, dijo Lasso en el anuncio.
Es la primera vez que se aplica la “muerte cruzada” desde su introducción en la Constitución en 2008 bajo el gobierno de Rafael Correa.
¿Qué sucede ahora?
Una vez que Lasso activa este mecanismo, el Consejo Nacional Electoral dispone de siete días para llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales, las cuales deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la convocatoria.
Lasso podrá presentarse nuevamente como candidato a la presidencia en estos comicios en los que se arriesga a perder el poder por la vía del voto popular. De ahí viene el término “muerte cruzada”, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pueden perder sus atribuciones.
Hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar por decreto, pero deberá contar para ello con un visto bueno previo de la Corte Constitucional.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) de Ecuador, Nelson Proaño, aseguró a través de un video que junto a la Policía Nacional se “mantendrán en su posición inalterable de absoluto respeto a la Constitución y las leyes”.
Proaño agregó que la decisión de Lasso de disolver la Asamblea estaba consagrada en la Constitución.
Este miércoles, tras conocerse el anuncio de Lasso, la policía y miembros de las fuerzas militares rodearon la Asamblea Nacional y otros edificios de gobierno.
Según explicó a la prensa local el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, el edificio principal y otras dependencias de la Asamblea Nacional se mantendrán bajo resguardo de ese cuerpo y de las fuerzas militares.
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución de la Asamblea sería inconstitucional y que se negarían a cumplirla.
La organización indígena más grande de Ecuador, CONAIE, opinó en Twitter que la decisión de Lasso constituía una “dictadura” y que celebrarían un “consejo ampliado extraordinario” para analizar la situación. El presidente de esa organización, Leonidas Iza, acusó a Lasso de dar un “cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y de las Fuerzas Armadas”.
La CONAIE tiene un peso importante dentro de la polìtica ecuatoriana y han sido impulsores de numerosas olas de protesta que han puesto en aprietos a varios mandatarios en las últimas décadas, incluyendo al propio Lasso.
El expresidente Rafael Correa, por su parte, calificó la decisión del presidente de “ilegal”.
“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler”, escribió Correa en su perfil de Twitter.
¿De qué se acusa al presidente Lasso?
La maniobra de Lasso se produce un día después de que el mandatario presentara su defensa en el inicio del juicio político en su contra.
El presidente niega que haya tenido conocimiento de una supuesta malversación de fondos públicos por parte de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
Lasso sostiene que esos contratos se firmaron durante el anterior gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y que su administración solicitó a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) una revisión de los mismos.
El mandatario exhibió el informe de la Comisión de Fiscalización -rechazado por el Parlamento- que recomienda desechar el juicio político por falta de pruebas y alegó que este proceso es una maniobra política malintencionada para desbancarlo.
Lasso se enfrentaba a una posible destitución si la Asamblea, dominada por la oposición, conseguía una mayoría suficiente de más de dos tercios de la Cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas.
La votación para decidir si se le destituía o no debía producirse en los próximos días en la Asamblea. Con su recurso a la “muerte cruzada”, Guillermo Lasso evitó que ocurriera.
Reacciones
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este miércoles que espera que Ecuador pueda resolver su situación interna a través de las elecciones anticipadas.
“No creo yo que haya inestabilidad y, además, no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones que participen todas las fuerzas políticas. Y no creo que haya violencia política”, dijo el mandatario a la prensa.
En los mercados financieros, el diferencial entre los bonos soberanos de Ecuador y los bonos del Tesoro de EE.UU. se incrementó este miércoles en más de 100 puntos básicos hasta ubicarse en los 1.877.
Desde mediados de 2022, este indicador se encuentra por encima de los 1.000 puntos básicos, lo que usualmente se interpreta como una señal de que el país atraviesa por dificultades.