El candidato de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya Llamas interpuso ayer en el Instituto Electoral de Coahuila la demanda en la que exige la nulidad de los comicios del pasado 4 de junio.
En el último día que marca la ley para interponer la impugnación, el abanderado del PAN indicó que este será el primer juicio interpuesto para anular la elección fraudulenta fraguada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, su candidato Miguel Riquelme y toda la estructura del gobierno estatal.
Indicó que este día será histórico en Coahuila y en el país, pues el fraude electoral logró levantar la indignación de todos los ciudadanos sin importar su afiliación partidista.
Anaya Llamas señaló que el documento presentado ante el IEC contiene más de mil hojas que dan cuenta de 14 diferentes agravios ocurridos durante la elección, así como 200 pruebas de las irregularidades presentadas en los comicios.
Entre ellas señaló un exceso en el gasto de campaña del candidato priista Miguel Ángel Riquelme, la intromisión de funcionarios del gobierno estatal a favor de los candidatos del PRI y las discrepancias entre el conteo rápido que daba a Anaya Llamas un triunfo de dos puntos porcentuales, contra los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Aseguró que su demanda tiene la razón jurídica suficiente como para lograr que se anule la elección.
Posterior a la entrega del documento, Anaya Llamas acompañado de los candidatos independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas; Armando Guadiana, candidato de Morena, así como Ricardo Anaya, Presidente del CEN del PAN, Santiago Creel; el Senador, Luis Fernando Salazar; el diputado local Jesús de León Tello; la candidata del PAN a la alcaldía de Saltillo, Esther Quintana Salinas dirigió un mensaje a los miles de ciudadanos que se congregaron afuera del IEC para protestar contra el fraude electoral que aseguran se fraguó desde el Palacio de Gobierno.
En sus intervenciones, Luis Horacio Salinas, Javier Guerrero y Armando Guadiana coincidieron en que esta será una lucha jurídica larga que tiene como finalidad restituir la democracia y los derechos políticos y civiles de los coahuilenses.