El principal problema de México se llama impunidad, la falta de castigo por la comisión de delitos es el corazón de la injusticia y sólo mediante la desactivación de ese mal podemos tener orden y tranquilidad, elementos indispensables para que los ciudadanos consigamos prosperidad y bienestar.
Para el gobierno de este país, la ley por si sola entrega seguridad jurídica, sin embargo, el dicho es falso cuando el espíritu de la ley no se cumple en la mayoría de los casos, dejando sin castigo a los transgresores y desvalidas a las víctimas en sentido contrario a lo que debería ser.
Cuando la autoridad se colude con el infractor, o peor aún, cuando es quien comete los delitos, el ciudadano queda inerme ante la agresión, y la ley en lugar de ser herramienta de justicia y protección comunitaria, se constituye en el arma accionada por el dedo del delincuente, quien con ella hiere gravemente a los ciudadanos.
La apertura de los juicios orales es un gran avance para el ciudadano común, no quiero decir con esto que gocemos de justicia, o la recta aplicación de ley; sin embargo, ahora somos testigos de la incongruencia de los jueces y apreciamos como usan el “grado” para diluir el delito y asegurar que el crimen prevalezca. Hace pocos años vi a un juez fallar a favor de un violador en Veracruz, su argumento se fundaba, en que introducir un dedo en la vagina de una señorita, sin su consentimiento y bajo el asedio de un grupo de cómplices, no constituye prueba “suficiente” para acreditar la participación del inculpado en la violación de la víctima; Como entonces, ahora vemos en la transmisión del fallo del Tribunal Electoral de Coahuila, que “el grado” sirve para eliminar agravios con frases como: “Son eventos aislados”, “Los actos son insuficientes para modificar el sentido de la votación”, “Son elementos para documentar notas periodísticas, pero no prueban la comisión de un delito”, o “Las evidencias salieron de las redes sociales, por lo cual, no sirven como elementos probatorios”.
Terminar con la impunidad es prioridad para el ciudadano común, no para el gobierno y sus tres poderes, pues aparentemente, ellos son beneficiarios de esa impunidad. Los ciudadanos tenemos que asegurarnos que los medios para probar un delito, surjan de actos científicos y demuestren la comisión de las transgresiones sin importar “el grado”, solo así nos libraremos de criterios tortuosos y tratos diferenciados; solo así todo infractor será temeroso de la justicia y no solo el desposeído, o aquel que no tiene el beneficio de influencias en el aparato gubernamental.
Hoy queda claro que en Coahuila se cometieron sendos delitos electorales, sin embargo, a dos de tres magistrados les parece que no son “tan graves”; que no están “suficientemente demostrados”; y que quienes los cometieron no son “tan culpables” como para merecer castigo; por lo tanto, las víctimas no han sido “tan lastimadas” como para que se les conceda la reparación del daño, y sobra añadir que los magistrados que redactaron y apoyan ese dictamen, siendo solo dos, fueron introducidos con un solo dedo al cargo que ocupan, y por ello se dan el lujo de votar en contra de lo que observaron cinco candidatos y cientos de miles de ciudadanos.
Hoy pregúntate ¿Queremos seguir así? Y si tu respuesta es negativa actúa en consecuencia.
¡Que Dios Nos Bendiga!
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