Con 2,071 expedientes de marzo a junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ocupa actualmente el primer lugar de autoridades señaladas como responsables en la presunta violación de derechos humanos, reportó este miércoles la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Le siguen, el Instituto Nacional de Migración (INM) con 1,039; el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs) con 795, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) con 667 y la Secretaría de Bienestar con 343 expedientes por presuntas violaciones.
La CNDH dio a conocer este día los resultados del ‘Análisis del sistema nacional de alerta de violación de derechos humanos durante el primer semestre de 2023’ en el que se reportó el acumulado de expedientes de quejas de los meses marzo, abril, mayo y junio.
La presunta violación de derechos humanos del IMSS tiene sus principales focos de atención en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Chihuahua, siendo la violación a derechos humanos más señalada la de “omitir proporcionar atención médica y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones”.
El INM tiene sus principales señalamientos en Tabasco, Chiapas, Sonora, Tamaulipas y Ciudad de México, y su violación más recurrente es “faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones”.
En tanto, el Oadprs registra las principales quejas en Durango, Coahuila, Veracruz, Sonora y Oaxaca, y la violación más señalada es la de “omitir proporcionar atención médica”.
El Issste tiene como principales focos de atención Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur y Michoacán, y la presunta violación es también “la de omitir proporcionar atención médica”, mientras que la Secretaría de Bienestar registra quejas en Ciudad de México, Durango, Estado de México, Tamaulipas y Oaxaca, y la principal es “acciones y omisiones que transgreden los derechos de igualdad de las personas adultas mayores”.