El ex gobernador es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Este martes inició en Estados Unidos la audiencia del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien podría ser extraditado a México para seguir su proceso en territorio nacional luego de su detención en Miami, Florida, en julio pasado.
El 8 de octubre del 2019, la jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró una orden de aprehensión contra César Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.
César Duarte, de gobernador a vendedor de autos en Miami El ex mandatario estaba prófugo desde 2017 y existía en su contra una ficha roja emitida por Interpol, por lo que era buscado en 195 países, hasta que fue detenido. El 18 diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición a Estados Unidos.
La FGR señaló que la orden de detención provisional con fines de extradición, que se cumplimentó contra el ex gobernador de Chihuahua, fue solicitada por la actual administración, ya que en el sexenio de Enrique Peña Nieto el caso se mantuvo inactivo.
La dependencia federal indicó que en 2018, el gobierno de Chihuahua presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento contra César Duarte, por diversos delitos.
Temor por llegar a México, César Duarte ha asegurado ante una jueza en Estados Unidos que de ser extraditado a México corre peligro de ser asesinado por el crimen organizado, tal como ocurrió con Aristóteles Sandoval en Jalisco. El 31 de diciembre del 2020, la defensa de César Duarte solicitó a la jueza Lauren F. Louis la reserva de tres documentos, que incluyen las declaraciones de varias personas que denunciarán presiones del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la posibilidad de negar su extradición a México.
En una misiva, aseguraron que existen testigos que pueden enfrentar represalias significativas por parte del gobierno de Corral y la maquinaria del estado de Chihuahua, en caso de que se revelaran públicamente sus identidades.
Milenio