Menos de 48 horas. Eso es lo que falta para que Japón empiece a verter en el océano Pacífico el agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima, doce años después de que sufriera un accidente por un terremoto y un tsunami que castigaron la costa noreste del país.
El gobierno nipón y la empresa propietaria de la central, Tokyo Electric Power, aseguran que el agua ha sido tratada y que no supone ningún riesgo. Hasta ahora estaba almacenada en unos depósitos, pero ya están casi llenos y el gobierno considera que no le queda más remedio que tirarla al mar. Para ello cuenta con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Sin embargo, la decisión no ha gustado ni a los pescadores locales ni a organizaciones ecologistas, como Greenpeace, que ha denunciado que Japón “ignora la evidencia científica”. Está previsto que el proceso de vertido empiece este jueves si no hay ninguna condición meteorológica o marítima que lo impida.
El agua que se verterá al océano es el agua contaminada durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados de la nuclear y del combustible fundido a raíz del accidente. Asimismo también hay agua de las filtraciones de lluvia que ha habido en la central después de que quedara en desuso en 2011. Por esa razón, la cantidad de agua que se ha ido acumulando cada vez es mayor y ya no hay espacio para guardarla. Los depósitos donde está almacenada ya están al 98% de su capacidad, según la empresa propietaria de la central. En total hay 1,34 millones de toneladas de agua, que se irán vertiendo al mar de forma gradual durante décadas.
Para dar garantía al proceso, el propio primer ministro nipón, Fumio Kishida, se desplazó a la central nuclear el pasado fin de semana y destacó “la seguridad” del vertido. El agua ha sido procesada y diluida en agua marina para eliminar la mayoría de sus elementos radioactivos. En teoría solo contiene bajas cantidades de tritio, un isótopo radioactivo, y otros materiales similares, pero en concentraciones consideradas inocuas dentro de los límites internacionales de seguridad para la industria nuclear, según la OIEA. Además, este organismo ha abierto una oficina en las inmediaciones de la central nuclear para supervisar el vertido y su impacto a nivel humano y medioambiental. Todas estas medidas de precaución, sin embargo, no convencen ni a las organizaciones ecologistas, ni a algunos de los países vecinos a Japón, y aún menos a los pescadores locales, que son los más directamente afectados.
“No hay ningún cambio en nuestra postura. Se trata de un vertido al mar que no cuenta con la comprensión de los pescadores ni del pueblo japonés. Nuestro único deseo es poder volver a pescar con seguridad como antes del accidente”, ha denunciado la federación nacional de pescadores de Japón, que considera que el vertido será una nueva estocada a la reputación de la pesca en esta zona, ya lastrada desde el accidente. De hecho, centenares de personas se han manifestado este martes delante del Parlamento japonés para protestar por la decisión del gobierno. “No podemos permitirlo jamás. No confío en nada de lo que dice ni hace TEPCO”, decía una de las manifestantes, Miwako Kitamura, de 55 años, en referencia a la empresa propietaria de la central nuclear.
Greenpeace, que desde hace años denuncia la intención del gobierno japonés de verter al océano el agua de Fukushima, ha hecho público un comunicado este martes en que destaca que la decisión “ignora la evidencia científica, viola los derechos humanos de las comunidades en Japón y la región del Pacífico y no cumple con el derecho marítimo internacional”. El escrito también desmiente que no haya ninguna otra alternativa para el desmantelamiento de la planta nuclear que verter el agua al mar, y critica abiertamente al Organismo Internacional de Energía Atómica por “alentar” a un país a violar la protección del medio marino mundial y por no haber realizado un evaluación integral del impacto ambiental que el vertido tendrá.
Asimismo, las voces de protesta se han multiplicado en países vecinos a Japón, que temen resultar afectados si finalmente el vertido no resulta ser inocuo. “Urgimos a Japón a que abandone este plan”, ha exigido este martes en rueda de prensa el portavoz de Exteriores chino, Wang Wenbin, que ha añadido que su país continuará tomando “las medidas que considere necesarias para salvaguardar la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos chinos”. China prohíbe importar comida desde 47 prefecturas de Japón, entre ellas la de Fukushima, desde que en 2011 hubo el accidente nuclear y revisa de forma estricta toda la documentación de los alimentos que llegan de otras partes del país, especialmente el marisco.
Por su parte, Corea del Sur ha dado el visto bueno al plan de Japón de verter al mar el agua de Fukushima. Sin embargo, el portavoz del presidente, Park Ku-yeon, aclaró que Seúl pedirá el cese inmediato del vertido si detectan concentraciones de material radioactivo por encima de los estándares internacionales en aguas cercanas al país. Una incógnita que de momento es imposible saber.