El asesinato de Digna Ochoa en octubre de 2001, defensora de los derechos humanos produjo una oleada de reacciones, acciones y reclamos por parte de las organizaciones que trabajaban y siguen haciéndolo en esa área tan importante para la sociedad mexicana, las que a principios de siglo eran todavía débiles. Digna nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz y fue asesinada en su oficina del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en donde se trabajan casos de alto perfil de violaciones de derechos humanos, asesinatos y desapariciones
Desde el año de 1988 la abogada se comprometió políticamente con grupos de oposición y en agosto de ese año fue secuestrada en Xalapa y denunció que sus secuestradores fueron oficiales de la policía estatal y que la violaron. No hubo ninguna investigación sobre sus acusaciones. En 1996 Amnistía Internacional tomó nota sobre las amenazas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la abogada, Pilar Noriega a quienes buscaban intimidar por su participación en la defensa de presuntos zapatistas, a los que se consideraba prisioneros de conciencia.
A partir del año 1999 Digna fue perseguida, acosada y hostigada constantemente, en ese año fue secuestrada en su propio domicilio por desconocidos, quienes la interrogaron sobre sus actividades de defensa a presos, además de recibir amenazas de muerte, en ese tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó tomar medidas para proteger la vida y la integridad física de Ochoa y los demás miembros del Centro Prodh, ante el agravamiento de las amenazas y persecuciones la abogada en el año 2000 emigró a los Estados Unidos, aunque al año siguiente regresó a México y con Pilar Noriega se hicieron cargo de la defensa del caso de campesinos ecologistas presos en Guerrero y de los hermanos Cerezo Contreras acusados de detonar bombas en sucursales de Banamex.
En suma, Digna era una defensora de derechos humanos, comprometida con causas justas de los pobres, de los oprimidos; estaban a su cargo casos de campesinos, de perseguidos políticos y de ecologistas, entre otros. El 19 de octubre de 2001 la abogada Ochoa fue asesinada en su oficina del Centro Prodh con 2 balazos de un arma calibre 22, uno en la cabeza y otro en una pierna, las autoridades atribuyeron la muerte de Digna a suicidio y fueron más que omisas, no se hicieron cargo de investigar, pese a que año tras año, sobre todo en estas fechas se reclama justica para Digna y su familia no cesa en sus exigencias, pero no hay resultados sobre los culpables del asesinato.
En el año 2005 la familia de la abogada solicitó a las autoridades reabrir las investigaciones sobre el “posible asesinato” de Digna y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que el caso fuera abierto nuevamente, por lo que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de abril de 2021 comenzaron las audiencias en las que los jueces de la CoIDH cuestionaron la versión del ministerio público, en la que concluía que la activista se había suicidado. Señalaron que en la investigación hubo diversas falencias, desaciertos, erratas, como el mal manejo del cadáver, la escena del crimen y el no considerar las amenazas y el secuestro previo que sufrió Ochoa, lo que fue tomado solamente como parte del “contexto”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que el caso fuera abierto nuevamente, por lo que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El 26 de abril de 2021 comenzaron las audiencias en las que los jueces de la CoIDH cuestionaron la versión del ministerio público, en la que se concluía que la activista se había suicidado.
En este aniversario del deceso de Digna el gobierno federal reconoció lo obvio, se trató de un crimen de Estado y se ofreció una disculpa pública: “por el feminicidio y las omisiones de justicia en la muerte de Digna Ochoa, porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad”, tengo que confesar que me resulta muy doloroso, yo viví y resentí el crimen de Digna porque nuestra actividad a muchos nos coloca en riesgo, lo corremos semana tras semana, es conveniente que al pasar 21 años ahora el gobierno haya pedido perdón y creado una unidad especial para esclarecer su muerte. Pero esperamos que la muerte de Digna se esclarezca y la justicia prevalezca ya.
En México la justicia no es paradigmática, no hay justicia expedita, no es posible seguir esperando décadas para que el caso de Digna Ochoa sea tratado con justicia, el Estado de derecho debe imperar en este país.