Hay prioridades. Una de las primeras compras del Gobierno de Coahuila que inició funciones el 1 de diciembre de 2017 fueron cuatro camionetas blindadas. Empezando enero de 2018 ya las habían adquirido directamente, sin estorbosas licitaciones ni enfadosas rendiciones de cuentas. Dos para uso del Gobernador, Miguel Riquelme, y dos para la Secretaría de Gobierno. Primero lo primero.
Los cuatro vehículos fueron vendidos por Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., de Monterrey, Nuevo León, a un costo total de 12 millones 703 mil pesos. El hecho fue documentado en su día, sin embargo un alud de nuevos acontecimientos enterró la polémica generada en la opinión pública.
Pero ahí no acabó la protección personal para funcionarios estatales de primer nivel.
De marzo a julio del año pasado fueron adquiridas otras 11 unidades blindadas a un mismo vendedor de Torreón: Auto Mall, S.A. de C.V. También sin licitación y sin pasar por ninguna contraloría. Cuatro en marzo, dos en mayo y cinco en julio. La Administración estatal desembolsó por ellas 34 millones 167 mil pesos, como consta en los comprobantes fiscales en poder de quien esto escribe.
Esas 11 camionetas, cabe señalar, las registraron como “usadas” para efectos administrativos aunque las facturaron a precio de nuevas. Se trata de tres Suburban (dos modelo 2017 y una 2018), tres Tahoe también del 2018, y cinco Grand Cherokee: cuatro de ellas 2018 y una más 2017. Todas con el nivel de blindaje IVP, que resiste proyectiles perforantes y todos los calibres de armas, incluyendo largas automáticas.
La Secretaría de Finanzas pagó 3 millones 216 mil pesos por cada una de las Tahoe. Las cuatro Cherokee de 2018 se adquirieron a 2 millones 950 mil pesos por unidad, y la de 2017 por 2 millones 850 mil pesos. Las dos Suburban de 2017 en 3 millones 298 mil pesos individualmente, y la de 2018 a 3 millones 273 mil pesos.
Así, entre los 15 vehículos identificados, suman 46 millones 870 mil pesos.
El caso supone una relación directa con la presunta seguridad que goza Coahuila, y genera una pregunta socarrona pero a la vez obligada: ¿a qué le temen y de quién se protegen?
También concierne al privilegio que implica formar parte del grupo en el poder que mete las manos al presupuesto anual durante un sexenio (aunque ellos, en su defensa, dirán que asumen riesgos): transportarse todo ese tiempo dentro de una burbuja, ajenos a la realidad que viven 3 millones de habitantes en la entidad.
Primero sus dientes, después sus parientes. Y si algo sobra, para repartir entonces al interés colectivo.
Cortita y al pie
Ahora bien, ¿no había ya camionetas blindadas en uso que debieron desocuparse y reasignarse durante la entrega-recepción del Poder Ejecutivo a finales de 2017?
¿Dónde quedaron? O mejor dicho: ¿quién se las quedó?
Profundicemos más en el cuestionamiento: ¿durante cuántas administraciones el Estado debe absorber los costos asociados a seguridad de exfuncionarios? ¿Se trata, en ese supuesto, solo de servidores públicos en retiro (o en la banca, según se vea) o también se da trato preferencial a sus familiares y a otros gremios?
Y como las respuestas pueden ser evadidas legalmente con el argumento de que comprometen la seguridad de los involucrados, y no hay obligación de transparencia, se abre una coyuntura para el uso discrecional de recursos. Lo mismo sucede con 156 elementos de Fuerza Coahuila cumpliendo funciones de acompañamiento y seguridad privada, asignados al servicio de anteriores funcionarios, como evidenció Grupo Zócalo (10/02/19). Al tratarse de información reservada por las mismas razones, no existen controles efectivos para observar y regular el uso de la fuerza pública con fines particulares.
La última y nos vamos
Finalmente, otro punto a controvertir: el negocio. La compañía neoleonesa que se llevó 12 millones 703 mil pesos, Transportadora de Protección y Seguridad, S.A. de C.V., sí está registrada en el padrón de proveedores y contratistas del Gobierno del Estado.
En cambio, el proveedor de Torreón favorecido con 34 millones 167 mil pesos, Auto Mall, S.A. de C.V., sociedad mercantil que pertenece al empresario lagunero Guillermo Murra Talamás, no cuenta con registro vigente.
Ni falta que hace. Estuvo presente durante la faraónica fiesta de cumpleaños donde se definió públicamente a Riquelme como candidato a Gobernador por el PRI, en octubre de 2016, y su respaldo al Mandatario en lo que va de su gestión es lo que verdaderamente importa. Pago de favores, le llaman.
Zócalo/Luis Carlos Plata