Semana de nombramientos. Unos más se suman a la ya larga lista de carteras repartidas al cierre de un sexenio.
Por una parte, la (¿feliz?) coincidencia de la reestructura de todo lo llamado anticorrupción que sobreburocratiza las tareas que no se han realizado con eficacia por falta de voluntad y no por falta de manos. Los reacomodos hacia tribunales y fiscalías de nueva creación –según mandan los cánones de la modernidad- donde todo se presume transparente aun cuando los resultados sean los mismos. Todo esto hace unas semanas
Por la otra, la ocupación de dos vacantes del Instituto de Transparencia que, en esta semana, coincidió con la designación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La mano del Ejecutivo claramente en los otros Poderes… pero en esto, nada nuevo.
Ya VANGUARDIA ha dado cuenta sobre el perfil de los magistrados y la polémica que despiertan. Uno de ellos, a decir del medio, condujo “con presuntas irregularidades las diligencias de desalojo de una propiedad” interés del periódico (nota del 1 de noviembre del presente). Del otro se ha cuestionado su objetividad toda vez que su trayectoria, posterior al despacho de trámites en el Registro Civil, se liga al del todavía gobernador desde que éste cobraba como legislador federal. Los otros dos también tienen liga, o con el Ayuntamiento de Torreón o con la dirección jurídica del gobierno del Estado.
Que no se olvide que son trabajos por quince años, duración nada despreciable en el sector público donde, generalmente, cada sexenio marca cambios radicales en la suerte y vida de las personas comunes.
Sobre el ICAI, el órgano de transparencia, hace quince días en este espacio se escribió que “hasta se refiere la relación de parentesco entre el futuro designado y algún otro organismo de los llamados autónomos” (VANGUARDIA, octubre 21 de 2017) tratando de traducir eso de que en la práctica vale más el peso político y las relaciones que la trayectoria o el conocimiento. Véase ahora cómo queda la frase del nuevo Comisionado de transparencia y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Servidos.
En todos los casos (y, aquí, el tejido fino del asunto) puede argumentarse que no falta experiencia, que conocen su materia. No les faltaría verdad: pero es que su experiencia se ha dado bajo el resguardo del poder, a su sombra y a su cuidado. Cuando se privilegia la decisión política, todos los buenos servidores públicos y los activistas sociales pueden tener claro que nunca formarán parte de la estructura que quisieran mejorar.
Pero ¿acaso esto es nuevo? Es decir, ¿es una práctica de este gobierno exclusivamente? Claro que no.
En el sexenio pasado, cuando se nombró siete magistrados, algo similar sucedió. VANGUARDIA dio cuenta que uno había estado preso en dos ocasiones y de otro se sabía había perseguido con arma de fuego en mano a una persona que ingresó a su domicilio (VANGUARDIA, marzo 11 2008). Como suele suceder, todos fueron malos entendidos y en nada afectaba su posibilidad de estar en el encargo. Y tan así fue que la historia siguió contándose.
Tal vez esto ha ocurrido ya. Las carreras en lo público se han definido a la sombra del poder y por el poder.
Después de todo, la insatisfacción que se siente hacia nuestra clase política, sus prácticas y sus personajes corresponde: el servil y traidor llega a presidente; el honesto y trabajador debe cuidar que el ingreso llegue a fin de mes.
@victorspena
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