Avanzar y encaminarse hacia la revocación de mandato ha implicado marchar por un camino sinuoso, pese a ser un mandato constitucional se ha topado con toda una serie de resistencias por parte de las instituciones que la ley prescribe como responsables de su implementación, en primer término se señala al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al mismo INE y al Tribunal Electoral (Ley Federal de Revocación de Mandato), aunque las autoridades del INE, sobre todo su presidente han buscado bloquear la revocación de mandato por todos los medios a su alcance.
La ley federal establece que se instalarán 170 mil casillas que fue el número de la última elección federal, no obstante, amparándose en la falta de recursos públicos el Consejo General del INE informó que solamente colocaría 57 mil casillas, lo cual se tomó como una forma de obstaculización del proceso de revocación cuyo propósito es propiciar el avance de la democracia, un tema que fue solicitado por los ciudadanos mediante millones de firmas, lo cual le da legitimidad a esa ley y fue ofrecido en sus campañas por el candidato a la presidencia de la Republica Andrés Manuel López Obrador.
Si se toma en cuenta que el INE dispone de un presupuesto que se considera oneroso y que permite algunos derroches y lujos de los consejeros generales de ese instituto la decisión del consejo se tomó más bien como una jugada política estridente del consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, ante el silencio complaciente del resto de consejeros para que la consulta no se realice.
El INE y su consejo general se presentan como una institución que ya no responde a los actuales tiempos políticos que exigen un nuevo tipo de democracia participativa, no tiene presente que está subordinado a los derechos del electorado porque sus acciones en el tema parecen tener el objetivo de descarrilar y restarle importancia a la consulta por la revocación de mandato, de hecho Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE invitó a los ciudadanos a no participar en la consulta, diciendo que para salir de la debacle en la que nos encontramos en caso de que se ganara la destitución del presidente, llegaría al cargo otro miembro de Morena.
Dice la oposición derechista que la revocación no sirve, la ven inútil, sin tomar en cuenta que no sólo es para el mandato del actual presidente de la nación, sino para todos los puestos de elección popular que pudieran resultar perjudiciales o nocivos para la ciudadanía, como lo fueron los hermanos muerte para Coahuila.
La derecha, el conservadurismo político pretenden presentar la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril como una forma inútil de dilapidar millones de pesos o una campaña publicitaria, capricho del presidente y no un evento constitucional mandatado por la ciudadanía.
La garantía de transparencia del antiguo IFE para asegurar que el voto se contara y contara fue cumplida pero ahora está enfrente el emprender un nuevo camino y que el INE esté a la altura de implementar y activar la consulta la cual los ciudadanos tendremos que defender y difundir, convocar a contribuir a fin de que los derechos a la democracia participativa se pongan en práctica el próximo 10 de abril.
Si gana en la revocación de mandato el refrendo al presidente López Obrador la derecha se quedará sin legitimidad, con mayor debilidad de la que ahora tiene a la hora del veredicto de las urnas en las elecciones inmediatas y en las presidenciales.