La Suprema Corte ha declarado como inconstitucional la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda sala del órgano ha votado en mayoría a favor de un proyecto que plantea que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica –aprobada por el legislativo en marzo del 2021– viola lo establecido en la constitución y el contenido de la reforma energética del sexenio priista.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán termina de manera definitiva con la validez de cada uno de los artículos de la reforma en lo que se asoma como una victoria para la iniciativa privada.
La votación se ha llevado a cabo sin la participación de uno de los ministros. La Cámara de Diputados interpuso de último momento un recurso para que el ministro Javier Laynez se abstuviera de la votación de este miércoles. Laynez también era el titular de un proyecto que también tenía como fin declarar como inconstitucional la reforma, pero que sólo aplicaba a un par de compañías que habían presentado el amparo.
La Cámara de Diputados quería impedir de esta manera la votación del proyecto que también quería declarar como inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Pero el proyecto aprobado esta tarde, el de Pérez Dayán, es de carácter general y tiene validez para toda la industria. La decisión de la Corte ya no puede ser apelada y es imposible presentar cualquier otro recurso para modificarla.
Si bien el proyecto no declara el fin de manera general, éste confirma la sentencia emitida por el juez Rodrigo de la Peza, que declaraba los preceptos como “inconstitucionales e inconvencionales”, explica la abogada Julia González, del despacho Gonzalez Calvillo.
La Corte ha dicho en un comunicado de prensa que la reforma “vulnera los principios de competencia, libre competencia y desarrollo sustentable”.
“Los dos estaban listados para verse este 31 de enero, sin embargo, el de Laynez no se vio y el de Pérez Dayán se votó. A mi entender este último es mucho más relevante porque contempla efectos generales para toda la industria. No obstante que la sentencia ampara a ciertas empresas en específico, tiene efectos para todos”, dice Bernardo Cortés, del despacho Cortés Quesada.
La reforma dictada desde el escritorio de la Secretaría de Energía tenía como finalidad marcar una serie de cambios para beneficiar a la estatal CFE y disminuir la participación de compañías privadas. Pero el proyecto señala que “el sistema normativo impugnado sí atenta contra el modelo de mercado eléctrico previsto en el diseño constitucional”.
La reforma también incluía terminar con los permisos de autoabasto, evitar que la estatal CFE recurra a las subastas eléctricas en búsqueda de contratar más capacidad de generación, terminaba con los certificados de energías limpias, diseñados también en la reforma, y echa para atrás la intención de la Secretaría de Energía por cambiar el orden de despacho, que se refiere a cómo se eligen las plantas que surten de electricidad a la red.
Con la votación de este miércoles, la Corte ha subestimado algunos recursos impuestos por la Secretaría de Energía, la Fiscalía General de la República y la oficina de presidencia que pedían echar para atrás una serie de amparos otorgados por un juzgado de competencia.
Esta serie de amparos habían impedido que el gobierno federal, los reguladores y el operador del mercado pusieran en marcha lo estipulado en los cambios. Aunque, según algunos analistas y compañías privadas, las modificaciones ya se habían hecho efectivas a discrecionalidad.
La Suprema Corte tomó como argumentos para echar hacia atrás la medida la vulneración al medio ambiente, violación del derecho a la salud y al régimen constitucional que garantiza la libre concurrencia. Algo que también ha sido señalado por los jueces en materia de competencia de manera previa.
Con el fallo, la Suprema Corte sólo ha confirmado la sentencia previa dada a las empresas privadas, pero ahora han detenido la reforma de manera permanente.
La reforma, que no tuvo mayores problemas para ser aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores, también se había convertido en uno de los puntos álgidos de la disputa con Estados Unidos en materia energética. El fallo de la Corte podría relajar esas tensiones.
“Eso hará que todos los asuntos que están en colegiados se vayan resolviendo acatando la resolución que ya tomó la sala porque tiene un efecto general. Me parece que también tiene un impacto en temas de la relación con Estados Unidos y con otros países. En el sentido de que probablemente algunas de las empresas, a partir de estar ganando ya los amparos a partir de esta decisión de hoy, tendrán un efecto positivo”, dice David Enriquez, socio del despacho Goodrich Riquelme.
Con esto, se ha echado para atrás el esfuerzo más grande del gobierno de López Obrador para cambiar la dinámica del mercado eléctrico, una de sus grandes prioridades.