Durante el siglo 21 en México se ha impuesto el discurso económico, político y social de los derechos humanos, en 2011 estos derechos se incluyeron en la Constitución Mexicana, en gran medida gracias a la ardua labor de las organizaciones civiles que los incorporaron a su quehacer años atrás, a principios de los años noventas, trabajando de manera muy comprometida por la vigencia del respeto de estos derechos.
El enfoque de los derechos humanos nos lleva a cambiar los paradigmas. Hoy son la gran narrativa que se va imponiendo en términos de este horizonte en el que el gran esfuerzo de todos debiera de ser garantizarlos.
¿A quién corresponde garantizar los derechos humanos para todos? Obviamente al Estado. Esto no puede ser solo un cambio discursivo, es una reforma que pone en tensión la relación Estado-mercado -pero el mercado no puede garantizar los derechos- solo el Estado; aunque después de 6 años de vigencia constitucional no se ha visualizado un correlato en términos de cambio en la política social y económica, no se han interiorizado los derechos humanos y seguimos con una economía política que da los beneficios a quien los logra en función del esfuerzo o del mérito.
¿Cuáles son las razones por las que no se ha avanzado en una política económica que incorpore los derechos humanos como reclamo democrático? La ecuación de democracia y capitalismo dio cuenta de por qué no se logró avanzar en ese reclamo, en la crisis de 2007-2008 y ahora los factores reales de poder han sido los que establecen qué es posible hacer y lo que se puede realizar en términos de ganancias en el mercado, esa es una tensión brutal que impide que el Estado cree una regulación que garantice avances en la igualdad económica, en términos reales se puede decir que aplicar el paradigma de los derechos humanos, implica “domesticar al capitalismo”.
Lo anterior pone en cuestión si los derechos humanos son realizables, se empieza a captar en diversos círculos políticos y económicos que la energía para que éstos sean viables ha mermado y hay quien los considera hasta inalcanzables, vuelve el tema de que lo que hay que garantizar es el financiamiento y volvemos a encontrar las reacciones conservadoras de rechazo y el “desconocimiento” sorprendente por parte de políticos de larga data sobre el tema.
Además, lo más lamentable es que la sociedad mexicana no ha interiorizado la agenda de los derechos humanos, que éstos son una guía social y los estratos conservadores argumentan que sólo se puede poner en la constitución lo que es realizable, lo que tiene presupuesto, eso es financieramente responsable, sostienen.
Por ejemplo, en el derecho a la salud, por parte de las autoridades éste se interpreta como afiliación, captar a más y más derechohabientes, pero la calidad en el servicio, el equipamiento, el abasto suficiente de medicamentos y de personal especializado no se contemplan.
Hay círculos económicos y políticos que proponen que estamos frente a un cambio de época (CEPAL), no obstante la mayor parte de la clase política nacional se aferra al pasado y la política de derechos humanos se queda en el papel, la democracia lejos de avanzar permanece en obra negra, en el rezago, las leyes como la Ley General de Planeación, tan básica, permanece desalineada, igual la de Desarrollo Social.
De manera que los derechos humanos van en una regresividad imparable, porque las autoridades solo hacen lo que se puede financiar. Encaramos una realidad que nos muestra que vamos en una pendiente de derechos a la baja.