La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) de Cuba aprobó este jueves una inédita ley de transparencia y acceso a la información, que establece obligaciones legales para los órganos del Estado.
El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Eduardo Martínez, fue quien presentó la nueva norma al plenario del cuerpo legislativo.
“En ella se regula, controla y promueve la cultura de la transparencia en la gestión pública, contribuye al control popular sobre los actos de gestión pública y tributa al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible dieciséis y sus metas”, apuntó el ministro.
Aseveró que la nueva legislación constituye “la más alta expresión de la voluntad política del Estado y gobierno de transparentar su gestión”.
Martínez aseguró que la normativa “tributará a la reducción de la corrupción administrativa y el soborno, a crear instituciones eficaces y transparentes que respondan a las necesidades de acceso a la información pública, así como a proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales de los cuales Cuba es firmante”.
Además, dijo, instrumenta los mecanismos que garantizan el acceso de la ciudadanía a la información de la Administración Pública, entendida como aquella que generan o custodian los sujetos en el ejercicio de sus funciones públicas, así como las personas naturales y jurídicas que reciben financiamientos y otros beneficios públicos.
La ley refiere que los solicitantes son responsables del uso de la información pública, por lo que, de hacerlo indebidamente, puede asumir responsabilidad administrativa, civil o penal, conforme a la legislación vigente.
Se consideran excepciones para el acceso del público la información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y seguridad nacional.
También son excepciones aquellas informaciones que incluyan los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medio ambiente.
De acuerdo con las autoridades de la isla, para la elaboración de la nueva ley se estudiaron 11 decretos-leyes nacionales y se realizó un estudio comparado de 123 leyes de transparencia y acceso a la información en el mundo.
De los 33 países de América Latina y el Caribe, 28 cuentan con ese tipo de legislación, inédita hasta ahora en Cuba.
El parlamento cubano deberá discutir este viernes los proyectos de ley referidos al procedimiento administrativo, las condecoraciones y títulos honoríficos de la República de Cuba y migración.
El sábado, última jornada de la plenaria legislativa, también se debatirán los proyectos de ley de ciudadanía y extranjería.
Este año, los parlamentarios cubanos deben discutir 17 leyes y 15 decretos-leyes como parte del cronograma legislativo anual.
En los siguientes tres años, el país también tiene previsto elaborar, discutir y aprobar otras 37 leyes.
Todas esas legislaciones conforman un cuerpo legal que complementa la nueva Constitución aprobada mediante referendo popular el 24 de febrero de 2019.