En agosto pasado, tras una serie de revelaciones periodísticas sobre conflicto de intereses y otros presuntos hechos de corrupción, Carlos Lomelí Bolaños se convirtió en el primer superdelegado en verse investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Empresario del ramo farmacéutico antes que político, Lomelí parecía dirigirse a la construcción de una exitosa candidatura al gobierno de Jalisco, ejerciendo un papel destacado en la concentración e influencia que, como emisario del gobierno federal, podía convertirlo en una suerte de gobernador alterno frente a la figura creciente de Enrique Alfaro (a quien Lomelí enfrentó infructuosamente en la elección por la gobernatura en 2018), uno de los prospectos opositores en la carrera presidencial para 2024.
La SFP lo indagó y, a diferencia del gazapo que fue la investigación al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el asunto Lomelí quedó sólido y presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que está por asignarle ponencia para resolver sobre irregularidades administrativas graves.
En la SFP la revisión de los conflictos de intereses relacionados con la proveeduría de medicamentos al Sector Salud, fue minuciosa y esta podría llegar a la Fiscalía General de la República, o bien, a la Especial Anticorrupción, en cuestión de semanas.
Distante de los grupos influyentes en la autonombrada “Cuarta Trasnformación”, Carlos Lomelí se ha convertido en el sacrificado de una administración que cifra su discurso en erradicar la corrupción y que está necesitada de ofrecer un resultado. Naturalmente, Lomelí ha dado materia suficiente para serlo.
Y es que la credibilidad de Irma Eréndira Sandoval, la titular de la SFP, no está en entredicho sólo por su exoneración a Manuel Bartlett. El expediente Lomelí se fue al TFJFA en el contexto de los cuestionamientos por uso político de los programas sociales en los que fungen como coadyuvantes los llamados superdelegados que, quedaron expuestos por la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la responsabilidad de 25 superdelegados, la estructura denominada “Servidores de la Nación” y 24 funcionarios de la Secretaría del Bienestar.
Aunque no hay aun dictamen relacionado de la SFP, la propia dependencia tiene al menos 14 expedientes abiertos contra superdelegados que, curiosidad de estos tiempos, derivan de denuncias interpuestas mayoritariamente por morenistas.
La razón es una: el presidente López Obrador generó amplias expectativas sobre la red de superdelegados que, discursivamente, concentrarían las funciones de las antiguas delegaciones federales con tanto poder y presupuesto, que los gobernadores temían resultara perjudicial para sus feudos, especialmente, cuando las Coordinaciones Estatales de Programas de Desarrollo (nombre formal de la superdelegaciones) eran ocupadas por candidatos morenistas vencidos en elecciones de gobernaturas, o bien, por sus operadores electorales.
Pero a mediados de año, los superdelegados quedaron formalmente disminuidos, acotados a ser coadyuvantes de las dependencias responsables de la política social. No fueron lo que se pensaba y, sin embargo, se convirtieron en objeto de disputa facciosa como la de la propia Irma Eréndira contra el coordinador nacional de superdelegados, Gabriel García.
Eso ocurrió más o menos en los tiempos en que el escándalo de Carlos Lomelí cobraba fuerza.
El político jaliciense se vio expuesto por una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y, aunque en un principio el presidente López Obrador redujo el asunto a mera “politiquería”, las evidencias no le dieron margen para una apología que por otra parte tampoco era de su interés.
De hecho, Lomelí ha solicitado audiencia en Palacio Nacional una y otra vez sin conseguirla. Su apuesta y las de sus abogados era ganar tiempo suficiente, tratar de arreglar arriba, para regresar al cargo donde por cierto, su relevo, Armando Zazueta, no tenía ni un mes cuando enfrentó denuncias por nepotismo y terminó despidiendo a los subdelegados que lo evidenciaron… otro escándalo.
El TFJFA está por darle entrada al expediente de la SFP que buscará sancionar a Lomelí con inhabilitación y multa, así que estará dedicado a defenderse. A Jalisco enviarán a Antonio Pérez Garibay (padre del competidor automovilístico, Checo Pérez) quien ya recorre el estado, se reúne con empresarios y tendrá que resolver el desastre de la superdelegación.
Respecto a los superdelegados, está en marcha una redefinición a cargo del propio Gabriel García, que se relaciona con el reciente anuncio de instalación de mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, pues estas ocuparán una hectárea que fungirá como centro de gobierno que facilitará el despliegue, ahora sí, la ansiada estructura territorial.
(https://notassinpauta.com/2020/01/07/lomeli-el-sacrificado/).