Los atropellos

Coahuila y ahora Saltillo a lo largo de los últimos 16 años, ha sido víctima de atropellos aceptados por la mayoría modorra y sumisa que la vive y sostiene, por una ciudadanía que se acostumbró a no reclamar ante el abuso y la hechicería, ante el saqueo y el descaro, ante la impunidad y la comodidad.

PRIMER ATROPELLO.- Nació este de un simple documento de los denominados pagares apócrifos por 5 millones de pesos, que marcó el destino de uno de los edificios emblemáticos de la ciudad y de una asociación cultural y mutualista centenaria denominada Manuel Acuña.

Firmado supuestamente por el presidente de la Sociedad, sin autorización del Consejo Directivo esa aberración de documento fue fechada a tres años de vencimiento, en una simulación burda y reclamada ante un juzgado de Torreón.

Mediante otra simulación al momento de la notificación se anotaron datos falsos, como es costumbre en este sexenio en el Poder Judicial entregado a los cuates y compromisos de Riquelme con el dictador Rubén N, las cosas se prestan para los manejos turbios y los noches que incrementan mieses de funcionarios desde actuarios, secretarios, jueces y no se diga de magistrados buenos solo para una cosa: las enseñanzas de los videos de Bejarano.

Documentado por Vanguardia en un extenso reportaje del estimado periodista Carlos Arredondo, se puede agregar que siguiendo la ruta del dinero se ha de encontrar a los verdaderos atracadores de la sociedad Manuel Acuña y sus socios.

Esta ruta lleva al sobrino de un ex -gobernador, a dos exgobernadores asociados, a tres funcionarios del actual gobierno y hasta a un alcalde que aún no entra en funciones, como los beneficiarios de la demolición del edificio, para la construcción de una gran plaza comercial con cines, tiendas ancla Liverpool y Sears y locales comerciales de diversos giros todo ello con amplio estacionamiento en lo que era el Patio Español, haya cosa.

SEGUNDO ATROPELLO.– Y sigue temblando en Saltillo y la región de Arteaga. De acuerdo con un estudio hecho por ese elefante blanco denominado Clúster de Energía Coahuila, el estado se encuentra en la zona “A”: es decir, una donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos ochenta años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

Señala el instituto Volcano Discovery, que se han presentado temblores en Saltillo, el 19 y 26 de agosto de 2021, ambos con una aceleración de 3.4% promedio, generándose en conjunto la liberación de 15.2 mega watts de energía o el equivalente a 13.1 toneladas de dinamita.

A lo largo de los años, varias compañías constructoras han obtenido concesiones para explotar material de la Sierra de Zapalinamé y cada vez se han hecho más profundas en sus estructuras, amén de la concesión de explotación de cantera y material “fino” de la zona de Paredón, Coahuila y sabe usted que utilizan para obtener el material ya sea de gruesas piedras o finas arenas y cascajo: DINAMITA .

El estudio del Clúster señalado también establece que “A la sismicidad producida por el hombre se conoce como sismicidad Inducida y puede ser producida por: Remoción de material, Minería, Adición de fluidos en el subsuelo, Vaciado o llenado de presas, Construcción de diques, Detonación de explosivos y Pruebas nucleares”. Y todo lo anterior sin una visitadita de los inspectores de las instancias de gobierno local encargadas de la protección civil y al ambiente. Haya cosa, dijera Doña Lupe.

TERCER ATROPELLO.– Sin duda que en la secretaria de Salud Estatal el Dr. Bernal ha llegado a los escaños de su ineptitud como funcionario público. Nadie pone en tela de duda sus conocimientos médicos, pero fuera de su consultorio resultó una nulidad.

Sus torpes declaraciones en el sentido de que el estado se negará a aplicar las pruebas PCR a la población que presente síntomas de Covid 19, es un abandono a la obligación del gobierno de proveer de espacios saludables y de proteger la integridad física de la población y esto es un mandato.

Quejándose de que cada prueba les cuesta 1200 pesos, ahora pretende no solamente suspender su aplicación en este regreso a clases, sino cobrar un porcentaje de esta.

Y pensar que por concepto de deuda pública se pagan abonos de 12 millones de pesos diarios de intereses, es decir 10,000 pruebas diarias de detección de covid.  Y seguimos de agachones y sumisos. Válgame, Dios.

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