La seguridad pública en Coahuila se convirtió en un asunto familiar desde antes de que la titular de la dependencia estatal del ramo, Sonia Villarreal Pérez, contrajera matrimonio con el director de la Policía Especializada –que depende de dicha instancia–, Jorge Miguel Barajas Hernández.
Además, pese a que la relación de ambos cruzó los límites familiares, llegó a la violación de derechos y a la comisión de delitos derivados del conflicto de interés y tráfico de influencias, el gobernador saliente, Miguel Ángel Riquelme, otorgó una protección especial para Barajas: mediante un decreto lo declaró “policía vitalicio” con diversos beneficios.
Riquelme Solís dio esa designación a pocas semanas de terminar su administración, e incluye a todo el equipo fundador del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, los GATE. Cabe mencionar que el gobernador electo, Manolo Jiménez, heredará el problema a partir del 1 de diciembre, cuando asuma la gubernatura.
Barajas Hernández, conocido como el Hummer, obtuvo notoriedad desde 2009, cuando formó parte de la citada corporación que operó de manera ilegal en el estado y se le atribuyeron detenciones arbitrarias, homicidios, tortura y desapariciones, por lo que fue denunciada por delitos de lesa humanidad en el expediente presentado en 2017 en la Corte Penal Internacional.
Villarreal y Barajas se casaron en Piedras Negras, según el acta de matrimonio emitida por la Oficialía del Registro Civil 5, y registrada el 8 de abril último, pero la relación entre ambos era conocida varios años antes. Así lo demuestran los negocios que realizaban juntos y el hecho de que la funcionaria despachara la mayor parte del tiempo en dicha ciudad fronteriza.
La pareja es socia en Grupo Empresarial VIBA Clyn, SA de CV, creada el 28 de julio de 2021, dos años antes de su matrimonio, de acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio.
Dicha empresa fue formalizada ante la Notaría 123, a cargo de Georgina Cano Torralva, quien fuera compañera de bancada de Villarreal en la Sexagésima Legislatura (2015-2017), cuando ambas fueron diputadas por el Partido Revolucionario Institucional.
La titular de Seguridad negó dicha relación de socios en la empresa, misma que tiene como fin “la explotación comercial del ramo de tintorería y lavandería”.
Sin embargo, sus propósitos van más allá, también “presta toda clase de servicios sin limitativa: de administración, operación, mantenimiento, consultoría, promoción de negocios, técnicos, representación, servicios profesionales y técnicos, así como llevar a cabo todo tipo de actos de naturaleza civil o mercantil, comisiones mercantiles, de distribución, actuar como representante de ventas, de mediación, franquiciatario, o intermediario de personas físicas o morales, ya sean mexicanas o extranjeras, según sea necesario o conveniente para el desarrollo de todo tipo de negocios, sea cual sea su naturaleza”, entre los 10 objetos sociales registrados.
“Yo no tengo ninguna empresa con él (Barajas)”, dijo la secretaria Villarreal a pregunta expresa, luego de la graduación de policías estatales el 24 de octubre pasado.
Pero en VIBA Clyn ambos funcionarios cuentan con 50 acciones cada uno, que en total dan un capital social de 700 mil pesos, de acuerdo con el folio mercantil N-20211055748.
El año pasado, el 2 de agosto, Barajas Hernández realizó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de marca de otra empresa denominada Grúas Coahuila, documento del que obtuvo copia Proceso.
Esta misma empresa es a la que llaman los policías estatales y de la Agencia de Investigación Criminal cuando hay aseguramiento de vehículos involucrados en algún tipo de ilícito, para el traslado de éstos.
La abogada Ariana Denise García Bosque dio a conocer que uno de sus clientes le comentó del caso y que, cuando quisieron pagar por la liberación del vehículo, les pidieron hacer una transferencia electrónica. Fue ahí cuando se percataron de que la cuenta estaba a nombre del jefe policiaco.
“Cuando buscamos sacar el vehículo de una persona detenida, pero que no fue vinculada a proceso, se pagó un cobro excesivo por el uso de grúa y es cuando detectamos que esta empresa está a nombre de quien actualmente es funcionario en la Secretaría de Seguridad. Llama la atención que policías bajo su mando llamen a esta empresa que es de su propiedad, generando un beneficio directo para él. Con este hecho hablamos de la comisión de ilícitos como enriquecimiento, además de tráfico de influencias que debieran investigarse por la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.
En un ejercicio de transparencia de información pública, la dependencia negó tener contratos con dicha empresa, mientras que la Fiscalía General de Coahuila no respondió a la solicitud.
Sin embargo, para la abogada esto implica mayores delitos porque se actúa a discreción para que el esposo de la secretaria de Seguridad resulte beneficiado en los casos de investigación por parte de la dependencia a su cargo.
También implica que las tareas de la dependencia, como el resguardo de vehículos, queden en manos supuestamente de particulares, pero que en realidad son los funcionarios responsables de las investigaciones.
Negro historial
Jorge Miguel Barajas Hernández fue señalado en 2012 como responsable de un atentado con coche–bomba en la presidencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Dos personas lo mencionaron de ser el responsable de construir el artefacto, junto con otro integrante de los GATE y hoy su superior como subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores Rodríguez, alias el Jaguar.
Sin embargo, estos testigos estaban detenidos y fueron asesinados durante una riña en el penal de dicha ciudad en 2013.
En 2020 Barajas tramitó un amparo contra cualquier acto y orden de detención por parte de la Subprocuraduría Especializadas en Investigación de Delincuencia Organizada, cuyo trámite se realizó en el Juzgado Primero de Distrito en Saltillo y fue sobreseído en septiembre del año pasado, según las resoluciones del expediente 524/2020.
Pese a los antecedentes, denuncias, conflicto de interés y tráfico de influencias, el esposo de la secretaria de Seguridad fue reconocido como “policía estatal vitalicio”, de acuerdo con el decreto emitido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 15 de septiembre de 2023.
Junto con otros 11 elementos fundadores del grupo de élite GATE, y señalados de abusos graves de derechos humanos, el mando policial, si decide retirarse en este año recibirá como beneficio una remuneración de 42 mil 268 pesos mensuales al obtener una plaza operativa SP08/3.
Otros de los beneficios será que también podrán continuar con la portación de armas de fuego que están bajo su resguardo, si cumplen con las leyes en materia de uso y portación de éstas.
El argumento de Riquelme Solís para otorgar tales beneficios es que “han tenido desgaste físico y emocional más acelerado que el resto de los elementos, y que por su edad no tendrían derecho a una pensión si se retiraran en estos momentos, además de reconocer las actividades que llevaron a cabo en detención de jefes de la delincuencia organizada”.
Nepotismo y violación de derechos
Para el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, se trata de un evidente conflicto de interés que conlleva a violaciones graves de derechos humanos porque contra las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad hay señalamientos de abusos contra los migrantes, además de detenciones arbitrarias y allanamientos por parte de las corporaciones del estado, que dirige el esposo de la titular.
“A lo mejor no ha habido denuncias judiciales, pero sí testimonios de tráfico de migrantes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que operan en el norte del estado, y es del pleno conocimiento de las autoridades, porque se los hemos comentado”, expresó.
Dijo que ante estos acontecimientos sí es necesario que se realice una investigación interna porque, independientemente de la vida privada de la secretaria, resulta evidente que sí existe un conflicto de interés cuando la titular de la dependencia está casada con uno de los líderes más fuertes de la corporación, que además es señalado por cometer violaciones graves de derechos humanos.
Tanto Xicoténcatl como García Bosque coinciden en que, al tener relaciones de negocios y personales, alguno de ellos debió dejar su cargo “para evitar malos entendidos de que al interior de la dependencia hay una especie de complicidad”, considera el defensor de los derechos de migrantes.
Al ser cuestionada sobre su matrimonio con el jefe policiaco, Sonia Villarreal Pérez rechazó hacer un comentario y reclamó los cuestionamientos sobre su vida personal.
Pese a que se le expuso que ambos son funcionarios públicos que laboran en la misma área del gobierno estatal, la funcionaria decidió retirarse sin responder.
En SAYARI, plataforma de inteligencia de riesgos comerciales, se vincula a Barajas Hernández con un inmueble ubicado en la calle Cuauhtémoc 506 del centro de Saltillo.
En ese mismo domicilio se encuentran las instalaciones de la empresa Urbanizaciones Cortés, compañía que, de acuerdo con la misma plataforma que recabó los datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), se dedica al arrastre de vehículos de motor, mientras que en el Registro Público de Comercio se relaciona con trabajos de construcción.
El citado domicilio se encuentra semiabandonado, pero tiene una lona con propaganda de la empresa Seguridad Privada y Vigilancia Coahuila Sociedad Civil (SPYVC). En la oficina de Catastro de la ciudad de Saltillo, el inmueble está registrado a nombre de otras personas.
En tanto, la empresa Seguridad Privada y Vigilancia Coahuila tiene registrada esa dirección en el padrón de empresas de seguridad privadas autorizadas en Coahuila, que son reguladas por la propia Secretaría de Seguridad del estado, a cargo de Sonia Villarreal.
Dicha dependencia le otorgó la autorización en 2016 y ante otras instancias federales cuenta con distintos domicilios en la capital de Coahuila.
Como representante ante dependencias que licitaron la seguridad privada aparece Liliana Nohemí Zapata Vázquez. Esta misma persona fue la responsable de realizar el trámite de registro de Grúas Coahuila ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Otra relación es que, además del domicilio en Saltillo, SPYVC cuenta con oficina en Piedras Negras, que es la misma que ocupa Grúas Coahuila: Morelia 409 Local 1 en la Plaza 603, ubicada en la colonia Roma.
Otro representante de la empresa de seguridad privada es Edgar Omar Hernández Cisneros, quien también aparece como socio de la firma SLW Seguridad Privada y Servicios, SA de CV, con domicilio en el municipio de Arteaga. Ninguna de las dos cuenta con autorizaciones que emite la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
Esta empresa fue creada en octubre de 2021 con un capital social de cien mil pesos, y también tiene diferentes objetos sociales a los de la seguridad privada.
“Me parece muy delicado porque sería imposible establecer un límite de dónde empieza la vida privada y la vida pública y hasta qué momento se utilizan recursos públicos para garantizar una seguridad privada. Me parece algo muy delicado y de corrupción muy fuerte”, consideró el director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl.
Como asesora legal del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Ariana Denise García Bosque acompaña el caso de la desaparición de Víctor Manuel Guajardo Rivas, de lo que supuestamente fueron responsables elementos de los GATE.
La abogada señaló que no se puede confiar en procedimientos internos en la dependencia a cargo de Villarreal Pérez, quien asegura que no hay archivos del personal presuntamente involucrado en esta desaparición, que estaba activo dentro del cuerpo especial en 2013 cuando ocurrió la desaparición.
Proceso