Con el voto en contra de PRI, PRD y PAN, Morena impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobó esta madrugada su iniciativa de reforma a la Ley Minera, con dispensa de trámite, y que difiere sustancialmente de la iniciativa que el 28 de marzo envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En sentido similar, se pronunció el PAN. “Nos manifestamos en contra de un procedimiento con total opacidad. La aprobación fast track de este proyecto restringe la participación de diputados, cancela la posibilidad de escuchar a sectores involucrados, academia, procesos indígenas, una clara violación”, dijo Román Cifuentes.
El único diputado de MC que votó en contra, Salvador Caro Cabrera, acusó a los morenistas de ser “Lacayos de Larrea y Carlos Slim. Buscan favorecer a los más ricos”. Citó que el artículo 6 bis “considera actos criminales, contrarios a los tratados internacionales como es el desplazamiento posible de los pueblos indígenas. ¡Hijos de Larrea!”.
Reginaldo Sandoval Flores (PT) señaló que esta ley pondrá orden sobre las grandes mineras de México, mientras Judith Celina Tánori (Morena) resaltó que se trata de una iniciativa noble y justa. “Pone fin a las injusticias que generaron los gobiernos pasados”. Agradeció a Santiago Creel que votara a favor de la reforma.
Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) sostuvo que el diálogo en torno a esta iniciativa “dejó fuera la posibilidad de consulta” y ustedes, dijo, “quitaron el 7 por ciento del fondo minero, que era para escuelas, caminos y apoyo a las comunidades mineras.
“Por más buenas intenciones de esta iniciativa, va a llevar a la parálisis de un sector que representa 10 por ciento del sector manufacturero y empleo para 2.5 millones de mexicanos”.
En entrevista, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que les ayudó que en la reunión con integrantes de la Camimex estuviera el secretario de Gobernación, porque “había dudas con relación a uno de los artículos que se refiere a la contraprestación a las comunidades, por la concesión de la mina.
“Él nos ayudó, fue fundamental su participación con relación al artículo 13 y que se precisara la contraprestación que darán a las comunidades por la concesión de las minas”, 5 por ciento, después de descontar todos los gastos de operación, de impuestos.
Indicó que en la iniciativa se precisa la consulta a los pueblos originarios; se consulta el aprovechamiento del agua; se precisa y se armoniza la temporalidad de la concesión de agua y la concesión de la mina.
“Se establece con precisión que deberá ser tratada al menos 60 por ciento del agua que utilizan; ya no habrá concesiones en zonas naturales ni en donde estén sufriendo estrés los mantos hidrológicos, menos en las zonas protegidas; y que ahora las concesiones ya no serán producto de acuerdos o de compadrazgos, sino será a través de licitación pública”.
La iniciativa presentada la firmaron Mier y la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, así como el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez.
Fue aprobada, en lo general, por 290 diputados, 186 en contra y la abstención de Gisel Díaz (PRD). En lo particular, sólo se aceptó una reserva de Irma Juan Carlos (Morena), para que las consultas a comunidades y pueblos indígenas, previas a otorgar concesiones o asignaciones mineras, sean pagadas por las empresas. La minuto se envió al Senado.
La propuesta -votada apenas en lo general y que se discute aún n lo particular, reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, en caso de participar en la nueva licitación del mismo lote, el titular tendría preferencia para otros 25 años improrrogables. Así, la duración total de la concesión podría alcanzar 80 años y no los cien que prevé la actual legislación.
La Jornada