La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, propuso al Congreso del Estado establecer cobros por diversos servicios que presta el Poder Judicial de Coahuila y otros que recientemente fueron implementados.
La historia
La abogada Miriam Cárdenas Cantú fue impuesta en el Tribunal por el ex gobernador Rubén Moreira, de quién es incondicional. Para ello, violaron el protocolo del Servicio Civil de Carrera, que ha distinguido por sexenios al Tribunal Superior “de Justicia”.
Ella trae esa escuela de los cobros, de reponer la falta de presupuesto de las oficinas con “dinero de le gente, con más impuestos y derechos”. En ese sexenio de Moreira, que aún resuena en nuestras carteras, los recursos y presupuestos se acabaron en empresas fantasma, en fraudes y corrupción de toda índole. Delitos de los que, por supuesto, no escapa el amplio aparato burocrático del TSJE.
La iniciativa
Los recursos que se obtengan “se destinarán al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. La propuesta consiste en establecer una tarifa a 15 servicios que presta el Poder Judicial del Estado, con el objeto de adquirir y mantener bienes materiales del mismo”.
Cárdenas Cantú envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. La propuesta consiste en establecer una tarifa a 15 servicios que presta el Poder Judicial del Estado con el objeto de adquirir y mantener bienes materiales del Poder Judicial. “Con la implementación de los nuevos sistemas en justicia penal y en justicia familiar, ha sido necesario contar con bienes inmuebles y mobiliario para dar cumplimiento con estas disposiciones, los cuales requieren de mantenimiento continuo para operar de manera correcta. Esto implica la erogación de más recursos financieros por parte del Poder Judicial”, señala la iniciativa en la exposición de motivos.
Los nuevos cobros
De acuerdo con la propuesta, al taller de orientación prematrimonial que imparte el Poder Judicial del Estado se le fijará una tarifa de 200 pesos, cuando actualmente en la Ley de Hacienda cuesta 100 pesos. Por otro lado, la búsqueda de datos en el archivo general judicial costará 50 pesos si se aprueba la iniciativa.
En materia de mediación, los cursos de preparación tendrán un costo de 2 mil pesos, la certificación de mediadores costará 500 pesos, mismo precio para la validación extemporánea de convenios de mediación privada y la certificación como mediador privado. A la copia simple se le establece un precio de un peso con 50 centavos y a la copia certificada 3 pesos. Los discos con las grabaciones de audiencias en materia penal o familiar tendrán un costo de 30 pesos.
Con la iniciativa, Cárdenas Cantú asegura que “no se viola la gratuidad a la que los ciudadanos tienen derecho para acceder a la justicia, pues lo que prohíbe es que un particular pague a quienes imparten la justicia, como magistrados o jueces directamente por sus servicios”. Esos salarios, señala la propuesta, “se cubren con recursos del Presupuesto de Egresos”.