A poco de consolidarse la derrota electoral de Donald Trump y los republicanos en ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca, se anunció que hay más de 100 arrestados y 200 más bajo investigación federal por la intentona golpista de la semana pasada, y la FBI eleva la alerta nacional ante posibles protestas y ataques armados de agrupaciones derechistas en todos los estados y la capital.
Después del histórico segundo impeachment –la aprobación de cargos formales para el juicio político del presidente– que se realizó el miércoles en la Cámara de Representantes, el caso ahora se envía al Senado, que actuará como tribunal, y los senadores como jurado, para determinar la destitución del mandatario. Todo indica que esto no empezará hasta después de que Trump concluya su periodo, el 20 de enero a las 12 del día (hora local).
La investigación criminal federal de los participantes de la “insurrección” que fue incitada, según la acusación formal, por el presidente, ya ha llevado a 100 arrestos y a la identificación de más de 200 sospechosos, informó el director de la FBI Christopher Wray, quien advirtió a éstos: “sabemos quién eres… y agentes de la FBI están en camino para encontrarte”.
La FBI continuó informando a departamentos de policía del país acerca de mantener un “elevado nivel de alerta” ante la violencia de extremistas en sus comunidades durante la próxima semana, incluyendo actividades de “milicias” armadas y otros que desean provocar una “guerra racial”. Indicó que temen la posibilidad del uso de armas y explosivos.
Decenas de participantes en los disturbios en el Capitolio estaban en la lista antiterrorista de la FBI, reveló el Washington Post. Gran parte de éstos son supremacistas blancos con historiales tan peligrosos que fueron incluidos en esa lista oficial de aquellos considerados como riesgo a la seguridad. Pero la presencia de tantos en un solo lugar, señala el rotativo, ofrece otro ejemplo de los fracasos de inteligencia que se revelaron con el asalto al Capitolio.
Los legisladores ahora trabajan en un complejo legislativo ocupado por elementos de la Guardia Nacional; algo no visto desde la Guerra Civil. Algunos de los 10 diputados republicanos que votaron a favor de la acusación han sido criticados por sus colegas y están preocupados por su seguridad personal. “Nuestra expectativa es que alguien podría intentar matarnos”, declaró el diputado republicano Peer Miejer a la cadena MSNBC. Añadió que algunos están tomando medidas para proteger a sus familias y a sí mismos, como contratar a escoltas armadas, ante amenazas por su voto.
Delta Air Lines anunció que no aceptará armas de fuego en el equipaje en vuelos con destino a Washington desde ahora y toda la semana próxima durante las fechas de la transición presidencial.
Por su parte, el presidente electo, Joe Biden, está buscado enfocar la atención sobre las dos crisis inmediatas que enfrentará su nuevo gobierno: la pandemia y la economía. Ayer presentó un ambicioso plan de 1.9 billones de dólares, de los cuales destinará 400 mil millones a acelerar la respuesta al Covid-19, incluyendo la campaña masiva de vacunación, pruebas diagnósticas y otros programas médicos, así como asistencia y estímulos ante el severo daño económico provocado por el manejo inepto de la pandemia.
La propuesta que presentará de inmediato ante el Congreso incluye pagos mensuales directos de mil 400 dólares a estadunidenses en familias trabajadoras, incrementar el seguro de desempleo y elevar el salario mínimo federal de 7.25 a 15 dólares la hora. También busca otorgar miles de millones de dólares en apoyo a negocios y comunidades, y para gobiernos estatales, locales y tribales.
Los problemas enfrentados en el arranque del proceso masivo de vacunación son resultado de la negativa de funcionarios de Trump a consultar con el equipo entrante de Biden durante las últimas semanas, señalaron expertos. Esto, cuando el nivel de muertes diarias sigue entre 3 y 4 mil y el país está por registrar un total de 400 mil muertos (más que en cualquier conflicto bélico, con excepción de la Guerra Civil).
Persistió un silencio ominoso en la Casa Blanca con funcionarios anónimos contando a medios que el presidente pasa sus últimos días casi a solas en la parte residencial de la Casa Blanca. Se reveló que ya se está peleando con varios de sus últimos aliados y cómplices, entre ellos Rudy Giuliani, a quien no le quiere pagar los 20 mil dólares diarios que supuestamente acordaron, reportaron medios. “Si te acuestas con perros te despiertas con pulgas y son 20 mil al día”, declaró a The Guardian Ken Frydman, quien fue el jefe de prensa de Giuliani en los 90.
Pero eso no ha impedido que su gobierno proceda con medidas de último momento, entre ellas agregar a Cuba a la lista de países “patrocinadores de terrorismo”, acusar a Irán de tener vínculos con Al Qaeda, sin ninguna evidencia, y avanzar con la ejecución de prisioneros en la fila de la muerte del gobierno federal después de una moratoria de 17 años. De los 13 reos que se programó asesinar desde julio –entre ellos la primera mujer ejecutada en 70 años– sólo quedan dos cuyas muertes están programadas para anoche y el viernes, a pesar de que ambos fueron contagiados de Covid.
Festejo del equipo entrante
El presidente entrante y su equipo ya están preparando sus festejos de inauguración, a pesar de los límites impuestos no sólo por las medidas de salud por la pandemia, sino por las amenazas de los leales de quien pronto será su antecesor. Lady Gaga cantará el himno nacional en la toma de posesión de Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, reveló Variety. Jennifer López también participará en el acto, junto con la primera poeta nacional juvenil Amanda Gorman, entre otros,
Como parte de los festejos, también se trasmitirá de manera digital un concierto el próximo domingo en el cual participarán Carole King, James Taylor, Ben Harper y AJR.
Entre otros actos inaugurales del 20 de enero se tienen planeados un “desfile virtual” y un programa especial de televisión conducido por el actor Tom Hanks.
Pero aunque muchos festejarán el fin de Trump, diversos sectores progresistas ya están movilizando a sus fuerzas para presionar al gobierno entrante a cumplir con su retórica de atender temas urgentes como el desempleo, el acceso a servicios de salud, la alimentación y cambios inmediatos en la política migratoria, así como abordar la violencia racista sistémica que ahora amenaza la estabilidad del país.
Todos, sin excepción, expresan que la llegada de Biden a la Casa Blanca no resuelve los graves problemas expuestos por la crisis política, económica y de salud sin precedente que enfrenta el país. Por lo tanto, afirman en una infinidad de intensos foros de información y organización y en los medios, que el reto ahora es obligar al nuevo gobierno no sólo a “regresar a la normalidad” pre-Trump, sino a enfrentar las causas profundas y de larga historia que llevaron a Trump y las crisis que eso detonó.
La Jornada