La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 emitió formalmente ayer una orden de comparecencia para el ex presidente Donald Trump, quien según los legisladores “orquestó personalmente” un esfuerzo coordinado para anular los resultados de la elección de 2020.
Horas antes, Steve Bannon, un aliado de Trump, fue sentenciado a cumplir cuatro meses de prisión por negarse a testificar en la investigación del comité sobre la insurrección.
En una carta dirigida a los abogados de Trump, el panel especial integrado por nueve miembros exigió que el ex mandatario declare bajo juramento, ya sea en el Capitolio o por videoconferencia, “a partir del 14 de noviembre o en torno a esa fecha”–que es posterior a las cruciales elecciones de mitad de periodo del 8 de noviembre– y continuar durante varios días si es necesario.
También se le solicitó una serie de documentos, entre ellos comunicaciones personales entre él y legisladores, así como con grupos extremistas, realizadas el día del asalto. La citación tiene lugar después de que este panel especial votó unánimemente el 13 de octubre ordenar a Trump comparecer ante los investigadores.
“Reconocemos que una orden de comparecencia a un ex presidente es una medida importante e histórica”, escribieron en la carta el presidente de la comisión, Bennie Thompson, y la vicepresidenta, Liz Cheney. “No tomamos esta medida a la ligera”.
No estaba claro cómo responderían el magnate y su equipo de abogados a la orden, ya que podría acatarla, negociar con el panel o simplemente ignorarla. También podría impugnarla en un tribunal. Su vocero no contestó una solicitud de comentarios al respecto.
La comisión alegó en su carta que ha reunido “pruebas abrumadoras” de que Trump “orquestó personalmente” una campaña para revertir su propia derrota en la elección de 2020, incluso con la difusión de denuncias falsas de fraude generalizado, “intentando corromper” al Departamento de Justicia y presionando a funcionarios estatales, legisladores y a su propio vicepresidente para alterar los resultados.
Sin embargo, los legisladores dicen que falta conocer detalles clave sobre el caso, y la única persona que puede llenar esos huecos es Trump.
En tanto, el juez federal Carl Nichols sentenció a Steve Bannon a cuatro meses de prisión por negarse a testificar, aunque le permitió continuar en libertad mientras apela. Además, le impuso una multa de 6 mil 500 dólares como parte de la sentencia. En julio, una corte federal lo declaró culpable de dos desacatos al Congreso: por negarse a prestar declaración y por no entregar documentos.
Nichols recordó que la ley establece claramente que el desacato al Legislativo se castiga con una pena mínima obligatoria de un mes de cárcel. La fiscalía había pedido una pena de seis meses, en tanto la defensa había argumentado a favor de un periodo de libertad condicional.
“Hoy fue el día de mi juicio”, dijo Bannon en un tono desafiante al salir del tribunal federal en Washington. Prometió que “el 8 de noviembre se juzgará al régimen ilegítimo” del presidente Joe Biden, en alusión a las elecciones de medio mandato. Manifestantes le gritaron “¡Traidor! ¡Fascista!”
Consultado sobre la sentencia, Biden respondió con desdén: “Nunca tengo una reacción con Steve Bannon”.
Alan Byerly, un hombre de Pensilvania, fue sentenciado a casi tres años de prisión por agredir a un fotógrafo de Associated Press y atacar a agentes de policía con una pistola paralizante durante los disturbios en el Capitolio.
El Departamento de Justicia aseguró que necesita de manera urgente “más de 34 millones de dólares en financiamiento adicional” para mantener la investigación contra los sospechosos de participar en la insurrección del 6 de enero.
En este contexto, fuentes anónimas consultadas por el diario The Washington Post informaron que los documentos incautados de la mansión Trump en Palm Beach, Florida, en agosto pasado incluían datos de inteligencia altamente confidenciales que abordaba el programa de misiles de Irán y “describía un trabajo de inteligencia altamente sensible dirigido a China”.
La Jornada