Hábil para la polémica, tortuoso y temible dentro de la autonombrada “Cuarta Transformación”, el senador Ricardo Monreal Ávila, aprovechó la calma chicha del fin de semana para anunciar, a través de un comunicado, una propuesta de escándalo: anular el derecho de amparo cuando se trate de obras que, a juicio de una administración federal, sean para el progreso económico y social.
Sobra decir que la propuesta, más allá de que difícilmente pasaría un análisis constitucional, es desproporcionada, el sueño de todo régimen autoritario y que, al menos discursivamente, choca con las posiciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como basamento retórico de su gestión.
En una declaración que, por el contexto, parece una respuesta a la novedad del zacatecano, López Obrador dijo la mañana del lunes que no se realizaría ninguna obra “en contra de la voluntad del pueblo”, una afirmación que –en referencia específica a su negativa de reactivar el proyecto de presa “La Parota” y al acoso al dirigente social Marco Antonio Suástegui—amplió al compromiso de respetar derechos humanos.
Y, sin embargo, no es viable que Monreal, siendo el operador legislativo del presidente, haya anunciado su propuesta con independencia. Aun menos lo es que el senador desconozca las implicaciones regresivas que conlleva anular el derecho de amparo, especialmente cuando, en su justificación, retoma los dichos de López Obrador a propósito de la oposición que por la vía del amparo frenó durante varios meses su proyecto aeroportuario en la Base Militar de Santa Lucía, un asunto que conduce necesariamente al contraste de los dichos y los hechos.
Faltos de planeación y soporte técnico jurídico, los proyectos del presidente López Obrador han encontrado resistencia y el caso de Santa Lucía es paradigmático de la imposición de su voluntad sin subsanar formas básicas tanto en el terreno judicial como en el político. Lo resolvieron mediante la invocación de la seguridad nacional.
Y es que, centrado en configurar la oposición al megaproyecto en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como en otras organizaciones que actúan en proximidad al magnate –ciertamente su opositor– Claudio X González, el presidente incluyó en “el cartel amparero” a los pueblos y comunidades que, próximos a la base militar resistían con amparos la construcción del aeropuerto por considerar que se violentaban derechos fundamentales y se ponía en riesgo el abasto de agua.
La retórica se torna luego ambivalente.
El amparo es un medio de protección de derechos fundamentales y, podemos decir que es la gran aportación a la doctrina jurídica de México al mundo. Su propósito es que sirva como protección frente a un acto de autoridad o una ley que vulneren derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.
Es falso que eso haya sido una simulación porque cientos de amparos procedieron en pasadas administraciones contra megaproyectos que hoy están inconclusos y algunos de esos casos son el del Proyecto Integral Morelos (PIM) o los siete gasoductos que el año pasado renegoció la Comisión Federal de Electricidad, que peores mañas que antes, intenta activar el gobierno actual.
La conducta del gobierno lopezobradorista es peculiarmente convenciera. Como no se trata de trasnacionales o negocios de magnates, quienes se han opuesto a esos proyectos por la vía constitucional (y esto es importante porque no están siguiendo una vía violenta, sino la ley) es colocarlos en un mismo esquema: “conservadores, de izquierda o derecha, que los extremos se tocan”, como lo hizo con los opositores al PIM, en un episodio tan desafortunado que incluyó el asesinato de Samir Flores.
En los ejemplos mencionados ha lanzado sobre ellos la sospecha: “habría qué ver qué hay detrás” de sus resistencias, en contradicción con su afirmación de no realizar proyectos que tengan oposición del pueblo. Así, minimizó los amparos demandados por comunidades indígenas y campesinas que se oponen a los gasoductos, mientras que en Morelos impuso una consulta deficiente a toda la entidad y no las comunidades por las que pasa el PIM. Pueblos y comunidades pobres, de pueblo bueno pues, desprestigiados y satanizados a golpes de mañanera.
Con esos y otros antecedentes, la llamada Cuarta Transformación tantea el terreno de la imposición, así sea vulnerando principios constitucionales (el presidente lo ha dicho: “no somos leguleyos”), mediante una reforma que prohíba la oposición a sus planes, algo que hay que decirlo, no se atrevieron a hacer ni los gobiernos priístas ni panistas.
No está demás la aclaración: los megaproyectos de infraestructura ciertamente activan la economía, generan empleo y son útiles para el país por lo que, más que una medida autoritaria y regresiva como la propuesta por Monreal, el gobierno tendría que fundar y motivar conforme a derecho cada plan para que, por benéfico que sea, no lesione lo que la Constitución que juraron cumplir protege.
(https://notassinpauta.com/2020/01/20/megaproyectos-una-contradiccion-en-la-4t/).