Países donde se vivieron férreas dictaduras militares o genocidios, como Ruanda y Liberia, en África, o importantes conflictos armados recientes, como la guerrilla en El Salvador y el combate al narcotráfico en Colombia, en Latinoamérica, están por delante de México en el último índice sobre respeto al Estado de Derecho en el mundo.
Este índice fue elaborado por la organización mundial World Justice Project, que hizo encuestas en 120 mil hogares y a 3 mil 800 expertos de 126 países, para medir cuál es la percepción ciudadana del respeto al Estado de Derecho a partir de la evaluación de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.
El Índice de Estado de Derecho 2019 señala que México se encuentra en la parte baja del ranking global, en la posición 99 de 126, con un puntaje de 0.45 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa el mayor respeto por el Estado de Derecho.
O traducido a otras palabras, la mayoría de los ciudadanos y de los expertos consultados en México para el índice, opinó, a partir de los ocho factores citados, que la calidad del Estado de Derecho en el país es mala.
Y a nivel Latinoamérica, los resultados no son mejores: de los 30 países incluidos en el Índice, México ocupa el lugar 26.
Es decir, está en el top 5 de países en los que menos se respeta el Estado de Derecho en la región, junto a Honduras, Bolivia y Venezuela, que es el peor calificado a nivel mundial, y muy lejos de Chile, Costa Rica, y Uruguay, que son los tres países latinos con mejor puntaje.
Además, México obtuvo por segundo año consecutivo la misma puntuación en el Índice, lo que evidencia un riesgo de estancamiento.
“México no tuvo una mejora en el puntaje, y esto es algo llamativo porque vemos que hay una inmovilidad en el Estado de Derecho, mientras otros países sí evolucionan”, expuso Jorge Morales, integrante del World Justice Project, cuyo estudio señala que naciones como Rusia, Filipinas, Nepal, Indonesia, o Botswana, en efecto, subieron varias posiciones. Algunas, incluso, superando a México en el ranking, como Botswana, en África.
Leslie Solis, también investigadora del World Justice Project, detalló en entrevista que, de los ocho factores que se analizan para México, tres son los principales focos rojos que requieren de atención inmediata: corrupción, seguridad, y justicia penal. Esto es, son los tres factores que más perjudican al Estado de Derecho en el país, y que peores valoraciones obtuvieron de la ciudadanía y de los expertos consultados.
Por ejemplo, en el factor “ausencia de corrupción”, México ocupa el lugar 117 de 126 a nivel mundial, y el penúltimo lugar a nivel regional: 29 de 30.
En el factor “justicia penal”, el lugar 115 de 126 a nivel mundial, y el 25 de 30 a nivel regional.
Y en el de “orden y seguridad”, el 117 de 126, y también el penúltimo lugar a nivel regional.
Y dentro de la “justicia penal”, subrayó la investigadora Solís, los ciudadanos dieron las peores calificaciones a las investigaciones ministeriales, que consideran que son muy poco efectivas, y a la situación que se vive en las cárceles. Por el contrario, hubo mejoras en la percepción ciudadana en cuanto a la “imparcialidad” del sistema de justicia y el respeto de los derechos de las personas acusada.
“Estas clasificaciones reflejan que, en efecto, hay una debilidad importante del Estado de Derecho en México”, subrayó Leslie Solís, quien matizó que el Índice del World Justice Project también arrojó “pequeños avances” para México.
Por ejemplo, el “Gobierno Abierto”, que incluye transparencia gubernamental y acceso a la información pública, fue el factor mejor calificado en México de las 8 variables, ubicándose en el lugar 35 de 126 a nivel mundial, y en el 7 de 30 en toda la región latinoamericana.
Mientras que en “Derechos Fundamentales”, México ocupa un lugar en mitad de la tabla baja a nivel mundial, el puesto 73 de 126.
“El Estado de Derecho en México no ha mejorado en los últimos años. Por eso, es necesario empezar a cambiar esa situación con decisiones basadas en evidencias y datos como los que muestran este Índice. Porque esos datos van a servir parar identificar debilidades y fortalezas, y cuáles son las prioridades en las políticas públicas a desarrollar, para que éstas tengan impacto en la población”, concluyó el investigador Jorge Morales.
Animal Político.