El viernes 19 se cumplió una década de la tragedia de Pasta de Conchos, el sitio donde murieron 65 mineros, de los cuales 63 sigue ahí, enterrados en el socavón.
Todas las fuerzas estatales y empresariales se unieron para aplastar las demandas de las viudas y los huérfanos que deseaban recuperar los cuerpos… y aún no lo logran. Lo que sí han logrado los familiares organizados es vigilar la actividad minera en Coahuila –manejada en gran parte por empresas ligadas al Grupo México y ahora también por Los Zetas–, donde las deplorables condiciones siguen produciendo muertes y más muertes.
En la villa minera de Cloete, en Sabinas, Coahuila, un grupo de vecinos se apostó en el acceso a un tajo carbonero, la mañana del miércoles 17, para impedir la operación que remueve la tierra entre el caserío de la comunidad. Poco después, el aparato clientelar del PRI azuzó a numerosas mujeres que, haciéndose pasar por esposas de trabajadores, apedrearon a los manifestantes. Éstos no respondieron a la agresión, pero se mantuvieron en el lugar.
El tajo es propiedad de Antonio Nerio, exalcalde de San Juan de Sabinas, Coahuila, padre del diputado y también exalcalde homónimo.
En la últimas cuatro décadas Nerio amplió sus inversiones de la extracción de carbón al transporte de mineral, la ganadería, la agricultura y ahora es el principal accionista y presidente de los Saraperos de Saltillo, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, en cuya página oficial se exhibe un currículum que lo describe como un filántropo “a veces demasiado generoso”, mientras que los diarios locales lo califican de ambientalista por el desarrollo de una reserva cinegética en la región.
Pero el tajo ubicado en la colonia Altamira, en Cloete, escenario del conflicto del miércoles 17, no tenía manifiesto de impacto ambiental, carecía de autorización de uso de suelo –por encontrarse dentro de una zona habitacional– y estaba clausurado. Así que, después de varias horas de tensión, intimidaciones y una intervención de la policía estatal, llegaron servidores públicos para volver a cancelar la explotación; eso sí, sin sancionar la violación de sellos.
En los últimos 13 meses en la región carbonífera de Coahuila dejó de haber muertes de mineros, debido a las intervenciones que la organización Familia de Pasta de Conchos suele realizar en minas que operan irregularmente o son inseguras. En la última década esas minas mataron a más de 160 trabajadores por causas imputables a las operaciones de los barones del carbón, como Nerio.
Desde el 19 de febrero de 2006 –cuando la mina 8, Unidad Pasta de Conchos tuvo un accidente que cobró la vida de 65 mineros y dejó lesionados a 13 más–, la organización de deudos y sobrevivientes de esa y otras tragedias carboneras se convirtió en un observatorio permanente de las minas propiedad de un puñado de familias que, con influencia política, extraen carbón en decenas de miles de hectáreas concesionadas por el gobierno federal.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2051, ya en circulación.
(POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 20 FEBRERO, 2016).