Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas concluyó que el Gobierno de Daniel Ortega comete “violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas”.
En un comunicado publicado este jueves, el grupo señaló que esos presuntos abusos incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el país. Por el momento no hubo reacción del Gobierno de Nicaragua a este reporte presentado en Ginebra.
Según los expertos de la ONU, su investigación identificó un patrón de “ejecuciones extrajudiciales” realizadas supuestamente por la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron durante protestas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.
Además, indicaron que estos, junto a autoridades del Sistema Penitenciario, habrían cometido tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género, en los procedimientos de detención e interrogatorio de los opositores. Sobre esto, señalaron que el Gobierno se vale de la detención arbitraria con el objetivo de silenciar voces críticas.
El reporte contabilizó al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil que fueron clausuradas desde diciembre de 2018 y “prácticamente” todos los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
En declaraciones ante el Consejo desde Ginebra, Jan Simon, jefe del grupo de expertos señaló que escribieron “doce” veces al gobierno nicaragüense pidiendo información oficial pero no recibieron respuesta y no les permitieron el ingreso al país por lo que la información se recabó el año pasado a partir de documentos, legislación y casi 300 entrevistas con exautoridades, víctimas y miembros de la organización civil, entre otros. La misión se llevó a cabo cerca del territorio y otras ciudades donde residen nicaragüenses.
En el informe, pide al gobierno liberar “de inmediato” a quienes están detenidos arbitrariamente y dar fin a las violaciones, abusos y delitos sobre todo por motivaciones políticas, además de que se realicen investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes para traer a los responsables ante la Justicia.
Por último, hizo un llamado a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra los responsables y ampliar las sanciones a instituciones e individuos que supuestamente participaron en violaciones y crímenes del derecho internacional.
Este grupo fue establecido en marzo de 2022 y es un organismo independiente bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tiene como objetivo realizar investigaciones sobre todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
En aquel entonces, se iniciaron reclamos contra reformas al sistema de seguridad social y terminaron como protestas contra el Gobierno de Ortega. Para el mandatario, fue un intento de golpe de Estado.