La ocupación temporal e inmediata de la planta productora de hidrógeno U-3400, que operaba la firma francesa Air Liquide y que se ubica al interior de la refinería de Tula que pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex), “es una mala señal al mundo”, pues no sólo pone en riesgo la llegada de nuevas inversiones por relocalización, sino que muestra la debilidad del Estado de derecho en el país, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Cinco días después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que declara de utilidad pública la conservación, suministro, aprovechamiento y explotación del hidrógeno por cuestiones de soberanía energética, así como la ocupación temporal e inmediata de la planta por parte de la subsidiaria Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), el sector privado expresó su preocupación y rechazo.
“El decreto de ocupación es una mala señal al mundo porque deja de manifiesto las ineficiencias de Pemex (que es actualmente la petrolera más endeudada del orbe, con un pasivo aproximado de 106 mil millones de dólares) y la debilidad del Estado de derecho en México en el que de manera discrecional, las autoridades pueden ocupar empresas e inversiones privadas”, indicó.
La Coparmex consideró que este tipo de acciones están lejos de representar un acto de soberanía, por lo que se convierten “en un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica”.
Advirtió que este tipo de decisiones desalientan “gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar la gran oportunidad que nos abre la relocalización de empresas y cadenas productivas o nearshoring.”
“México no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones ni de mostrarse ante el mundo como un país con un frágil Estado de derecho”, dijo antes de indicar que 2024 es un año para establecer las bases para que el país aproveche la relocalización, fenómeno con el que se crearía mayor número de empleos y mejor remunerados.
“El gobierno federal está desarrollando una estrategia de reestatización de ciertas actividades de la economía, cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas como ocurrió recientemente con la compra, gestión y distribución de medicamentos y la operación de una línea aérea”, destacó.
Apuntó que México no tiene experiencias positivas con la estatización de actividades económicas ya que han generado profundos costos económicos por ineficiencias y por malas gestiones de empresas públicas.
Agregó que la estatización ha generado un negativo impacto social afectando, en última instancia, a las familias al tener que pagar sobrecostos, recibir malos servicios o asumir el pago de deuda mediante impuestos.
La Coparmex llamó al gobierno mexicano a “agotar los mecanismos de diálogo y negociación con empresas proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que tenga diferencias, antes de realizar actos unilaterales como la ocupación o expropiación de bienes”, pues en el caso de Air Liquide existía un diálogo para recuperar la planta que fue vendida en 2017 por Pemex por un monto de 52 millones 700 mil dólares y se asoció con Air Liquide para que suministrara hidrógeno por 20 años, pues el proceso de producción del gas representaba para la petrolera estatal mayores costos y la situación financiera de Pemex no permitía asumirlos.