La inadecuada investigación de decenas de miles de casos de desaparición forzada en México provoca una “impunidad casi absoluta” en el país, denunció el comité de la ONU encargado de la lucha contra estos delitos, que también pidió a las autoridades mexicanas mayor transparencia en la materia.
En un informe publicado, después de que el comité mantuviera un diálogo con representantes del Gobierno mexicano del 13 al 15 de septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada lamentó “la persistencia de una situación generalizada de desapariciones” en el país, y los limitados avances en la persecución penal de éstas.
En los estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero (donde desde 2014 están en paradero desconocido 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa), el comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.
Éste también asegura que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza 115.540 personas en esa situación desde 1962 hasta la actualidad, no se ajusta a los estándares internacionales.
En ese sentido, el comité pidió a las autoridades de México que garanticen la transparencia de la metodología usada y “garanticen la fiabilidad de los datos recolectados”, coordinando “de forma independiente e imparcial” el proceso con la Comisión Nacional de Búsqueda.
También subraya la “resistencia de algunas autoridades” a la hora de compartir información con ese registro nacional, o la “poca claridad” sobre la proporción de los casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.
“Se han denunciado casos de revictimización, incluyendo señalamientos contra familiares” acusados de “ocultar el paradero de sus seres queridos”, agregó el informe.
En este sentido, los expertos del comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.
El informe también lamenta que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de labores de búsqueda e investigación que deberían competer al Estado.
Y en muchos de esos casos, los familiares a menudo tienen dificultades de acceso a los expedientes de investigación, o han denunciado cierres paulatinos de espacios de participación, prosigue el documento.
Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.
Por otro lado, el informe da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses mexicanos, desbordados e incapaces de su adecuada identificación y conservación.
Según señala el documento, el 89% de los más de 53,000 cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.
El comité, que visitó México en noviembre de 2021 para analizar los progresos del país en la lucha contra las desapariciones forzadas, sí aplaudió algunos avances, como la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en Morelos, que inició operaciones en agosto de 2022.
También elogió la inauguración en enero de 2023 del Laboratorio de Identificación Humana en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, o la publicación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas en marzo de este mismo año.
Pese a ello, México sufre “la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones”, resumió el informe.
En respuesta a las observaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron su apertura ante el escrutinio internacional y el compromiso con los familiares de las personas desaparecidas.
A continuación se reproduce de manera íntegra el posicionamiento conjunto de las dependencias federales:
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emite sus observaciones respecto al diálogo constructivo con el Estado mexicano
El pasado 29 de septiembre de 2023 el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) publicó sus observaciones finales sobre la información complementaria presentada por México con arreglo al artículo 29, párrafo 4, de la convención.
Al respecto, el comité reconoció la cooperación de México para llevar a cabo el diálogo constructivo y valoró con beneplácito los esfuerzos realizados por varios actores desde que publicó el informe de su visita a nuestro país en noviembre de 2021.
El documento incluye un número muy importante de referencias a avances; entre los que destacan: i) la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, ii) el Banco Nacional de Datos Forenses, iii) el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, iv) el aumento significativo del presupuesto y personal asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda, vi) el Protocolo Homologado de Investigación y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en desaparición en todas las entidades federativas, vii) los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.
Por lo que hace al proceso de mejora de la información en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se aclara que éste se lleva a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las comisiones locales, y las fiscalías, quienes acompañan de manera directa el proceso de verificación del registro. En este proceso, se cuenta con el acompañamiento de distintas instituciones en el entendido de que toda autoridad es auxiliar en la búsqueda de personas. Las acciones encaminadas a la verificación se realizan en atención a lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Durante el diálogo con el comité se informó que desde la Secretaría de Gobernación se ha implementado un sistema de atención de las acciones urgentes que no solo se limita a la solicitud de información, sino que se realizan mesas de trabajo con familiares, agentes del ministerio público, comisiones de búsqueda (local y nacional), comisiones de atención a víctimas. En algunos casos, se incluyen mecanismos de protección y comisiones de derechos humanos para establecer, de manera conjunta, los diferentes cursos de acción. Adicionalmente, se definen planes de búsqueda e investigación.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece las autoridades que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección Federal. El Mecanismo tiene un mandato especializado de protección para atender las necesidades de esos dos grupos de personas. Existen otras instancias para que las victimas reciban la atención correspondiente por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas a nivel local.
Respecto a los mecanismos de coordinación efectiva, es importante señalar que, de la totalidad de las acciones de búsqueda realizadas por la CNB, el 45 por ciento ha sido con participación de las fiscalías estatales, 22 por ciento con participación de la Fiscalía General de la República (FGR), 9 por ciento con ambas, FGR y fiscalías estatales, y solo el 24 por ciento sin la colaboración de alguna fiscalía. El 24 por ciento tiene que ver con aquellas acciones de prospección en preparación a las actividades de búsqueda. En todas las ocasiones en que se lleva a cabo una acción de búsqueda se cuenta con participación de alguna fiscalía debido a la posible localización de un indicio.
Sobre lo señalado en el apartado de Crisis Forense, se reitera lo referido en el diálogo, se encuentran concluidas las instalaciones de un Centro Regional de Identificación Humana en Saltillo, Coahuila, tres Centros de Resguardo Temporal de Cuerpos en Tamaulipas y Jalisco, un Centro de Resguardo Temporal en Culiacán, Sinaloa y se encuentran en construcción 15 centros o unidades más en distintas partes de la República.
El Gobierno de México recibe las observaciones proporcionadas por el Comité y reitera la colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos para robustecer sus acciones en la prevención y atención a los casos de desaparición en el país.
Finalmente, el Estado mexicano reafirma su apertura ante el escrutinio internacional y el compromiso con los familiares de las personas desaparecidas.
Aristegui