Expertos y expertas de la ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, manifestaron este martes su preocupación en torno a la reforma constitucional que trasladaría a la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según expresan, las preocupaciones surgen de un posible aumento de riesgo de “abusos contra los derechos humanos, incluidos la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, ésta asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, se lee en el texto.
La propuesta de reforma, enviada desde el Ejecutivo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre y está previsto para esta semana que se someta a votación en el Senado de la República.
Desde hace varios años, expertos y expertas de la ONU han advertido que México ha incrementado progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su “modelo de seguridad interior”, a través de políticas públicas y diferentes iniciativas de reforma legislativa y judicial.
“Reconocemos los desafíos en materia de seguridad que tiene México y hacemos un llamado para que las medidas implementadas para enfrentarlos sean conformes con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señalaron en el comunicado.
Añaden que es preocupante que funcionarios de las Fuerzas Armadas “han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos“; añaden que dichas denuncias deben ser investigadas y los responsables comparecer ante la justicia.
La propuesta de reforma constitucional sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y elevaría a rango constitucional la facultad de la Guardia Nacional para participar en actividades de investigación criminal. También ampliaría las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de las estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
México contravendría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y procedimientos especiales de Naciones Unidas que la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores sea estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada.
Así instan que la Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles y es necesario fortalecer sus capacidades desde un paradigma de seguridad ciudadana, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su eficacia, señalaron los y las expertas.
Afirman están en contacto con las autoridades en este sentido de comunicación activa y discusión, y expresan al Gobierno su disposición a brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.